Las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, permitieron el arresto de decenas de padres y cónyuges de militares activos, todo esto como parte de la eliminación de protecciones migratorias para familias militares para impulsar su agenda de deportaciones masivas, de acuerdo con una investigación de Associated Press.
Impacto en las familias de militares activos
De acuerdo con la agencia de noticias, desde el inicio del segundo mandato de Trump, se han registrado más de 50 arrestos de padres y cónyuges de personal militar en activo, de los cuales al menos seis han sido deportados y uno se auto-deportó, según el primer recuento de este tipo elaborado por AP, ya que el gobierno no lleva un registro oficial de estos casos.
Aunque durante décadas los familiares directos de militares habían permanecido protegidos por un consenso bipartidista, ahora son detenidos rutinariamente durante meses mientras intentan ajustar su estatus legal, lo que ha generado que algunos soldados deban tomar permisos o retrasar despliegues para cuidar a sus hijos solos.
Mientras las fuerzas armadas continúan atrayendo reclutas mediante la publicidad de beneficios migratorios para sus familias, los expertos advierten que esta reversión de políticas debilita la preparación militar al dejar a los soldados con una alta carga de estrés emocional y logístico.
Cambios de política y posturas oficiales
La nueva directriz implementada en abril de 2025 establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de EE.UU.”, marcando un quiebre radical frente a administraciones anteriores, incluido el primer mandato de Trump, donde las autoridades de inmigración rara vez detenían a familiares directos de tropas a menos que existieran delitos graves.
En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que no recopilan datos específicos sobre estos casos y afirmó que el servicio militar por sí solo no otorga estatus legal automático ni exime de las consecuencias legales, a pesar de que el programa de “parole-in-place” militar sigue formalmente vigente pero con demoras que han duplicado su tiempo de trámite a 12 meses.
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