A pesar del rechazo por parte de congresistas y activistas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó un contrato por 16.7 millones de dólares para la compra de 6 mil pares de guantes tácticos capaces de administrar descargas eléctricas, destinados a controlar a detenidos y manifestantes que se resistan, informó Univisión.
Esto se sabe de la compra de los guantes para dar descargase eléctricas
La agencia federal concretó la compra a través de un contrato sin licitación con Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky, que incluye la entrega de los dispositivos y equipos de apoyo durante un periodo de seis meses.
La firma del contrato se concretó horas después de que un grupo de 16 senadores demócratas, encabezados por Catherine Cortez Masto, enviaran una carta al director interino del ICE exigiendo la cancelación de la compra y señalando que los recientes incidentes de uso indebido de la fuerza en diversas ciudades generan un profundo escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia.
Ante los cuestionamientos, el DHS calificó de despreciable el intento de los políticos de prohibir equipo de seguridad a los agentes federales, argumentando que las críticas buscan socavar y poner en peligro a los oficiales.
Funcionamiento de los dispositivos y justificación oficial del uso de los guantes
Fabricados para operar como guantes de patrulla normales hasta que se activa un interruptor eléctrico, los dispositivos requieren contacto directo con la piel para emitir un pulso de bajo voltaje diseñado para someter rápidamente a quienes oponen resistencia activa o pasiva.
ICE indicó que los guantes se emplearán en “entornos de alta tensión” durante arrestos, traslados de detenidos agresivos, control de manos ocultas al esposar y respuesta a disturbios civiles, con el propósito declarado de evitar el uso de fuerza más severa, como armas de fuego.
Legisladores y defensores de los derechos civiles recalcaron que los guantes representan riesgos sustanciales sin límites claros, por lo que exigieron transparencia total sobre los protocolos de capacitación, rendición de cuentas y revisión interna ante el historial de críticas que enfrenta la agencia en sus operativos.
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