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Me dicen fuentes bien informadas que en Washington no hay una fijación ni con Rubén Rocha Moya ni tampoco con Marina del Pilar Ávila. El equipo de Donald Trump no va por la cabeza de nadie en particular. Tampoco espera una purga a gran escala en el morenismo. Sin embargo, sí consideran indispensable al menos una investigación de alto perfil que sirva como una señal inequívoca de que en Palacio Nacional se acabaron los tiempos de complacencia con los narcopolíticos. Hay media docena de opciones sobre la mesa y nuestros vecinos no se explican por qué la presidenta no se ha animado todavía a tocar a nadie.

Y, en efecto, Sheinbaum ha tardado mucho más de lo que hubiera parecido prudente para dar el golpe de timón. Los pasos que se han tomado, como el arresto del alcalde de Tequila y de algunos mandos militares –y ahora la investigación contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel– no convencen. Se trata, en todos los casos, de personajes de reparto o de meras distracciones. La explicación predominante para entender esta tardanza de la presidenta se centra en el supuesto pacto de lealtad que Sheinbaum tiene con el pasado obradorista. Se piensa que, si Sheinbaum no ha dado el visto bueno para una acción contra Rubén Rocha, Marina Ávila u otro pez gordo, es porque no quiere o no puede aceptar el rompimiento con López Obrador que ello implicaría.

Sin embargo, esta explicación –por sí sola– no termina de convencerme. Da por sentadas demasiadas cosas. Implica asumir, por ejemplo, que AMLO no está dispuesto a sacrificar a ningún gobernador, ya sea por un exacerbado sentido de lealtad o porque anticipa que todos ellos tienen en su poder información que podría golpearlo. Me inclino a pensar que la hipótesis del pacto con el pasado sirve para explicar la inacción solo en algunos casos. Una explicación complementaria al pacto con el pasado es que la presidenta ya sabe que tendrá que actuar tarde o temprano, pero que está a la expectativa del próximo proceso electoral. Al respecto, vale la pena recordar que son 17 los estados que renovarán gubernatura en junio próximo. La lista incluye Baja California, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa. En cualquiera de los estados en disputa, sacrificar al líder local de la ‘4T’ tendría un impacto electoral incierto.

Veamos, por ejemplo, el caso más caliente. En Sinaloa, a pesar del escándalo de la solicitud de extradición y de la crisis de violencia, Morena mantiene una amplísima ventaja respecto a cualquier otro partido en las preferencias de los electores (de acuerdo con una encuesta publicada la semana pasada por este diario). De quienes han levantado la mano para encabezar la “defensa de la transformación” en dicho estado, la puntera –también por un amplio margen– es Imelda Castro, quien fuera compañera de fórmula de Rocha Moya en la elección para la Cámara de Diputados. En un escenario en el que el exgobernador fuera extraditado a Estados Unidos, la candidatura de Castro quedaría en una posición extremadamente vulnerable. Tampoco queda claro si, en dicho escenario, el aparato del gobierno estatal, que Rocha dejó en manos incondicionales, tendría la capacidad o la voluntad de operar a favor del abanderado del morenismo.

En Baja California, en contraste, la ‘4T’ llega a la contienda fracturada por el pleito entre Marina Ávila (que impulsa la candidatura de Julieta Ramírez) y el exgobernador Jaime Bonilla (quien promueve desde el PT a Montserrat Caballero). En las encuestas, el bando de la gobernadora en funciones todavía lleva las de ganar. Sin embargo, el panorama podría cambiar en los próximos meses, sobre todo si el PT logra construir una alianza con MC o con algún partido de oposición. Una eventual extradición de la gobernadora Ávila también inclinaría la balanza a favor del bando de Bonilla.

En cada estado hay una dinámica distinta para la contienda. No me extrañaría que, en el cálculo de Palacio Nacional, se haya tomado la determinación de estirar la liga lo más posible e intentar aplazar cualquier acción drástica contra un pez gordo hasta que el panorama de las candidaturas y las alianzas haya quedado más claro. Cuando llegue ese momento, tal vez rueden una o dos cabezas, bajo la lógica de no pagar un costo electoral desmedido. En todo caso, es un riesgo intentar aplazar lo inevitable. Como vimos hace dos años, con la audaz operación para extraer a El Mayo Zambada, cuando el gobierno de Estados Unidos se impacienta, no duda en anticiparse e irse por la libre.


Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/2026/07/27/pacto-con-el-pasado-o-calculo-electoral/

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El Financiero
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