El sábado pasado amanecimos con la noticia de que fue arrestado otro –sí, otro– presidente municipal por presuntos vínculos con el crimen organizado. En esta ocasión se trata del morenista Jorge Lorenzo Lara Cordero, de Suchiapa, poblado aledaño a Tuxtla Gutiérrez. Había antecedentes, como suele pasar en estos casos. Desde hacía años, los vecinos de Suchiapa se venían quejando de los abusos y malos manejos de Lara Cordero y de su antecesor y padrino político, Alexis Nucamendi Gómez (también arrestado el sábado). Sin embargo, lo que propició el operativo en el que cayó la mancuerna de alcaldes, junto con una veintena de elementos de la policía municipal, fue que se pasaron de la raya: al parecer, días antes permitieron la fuga de La Gretel, líder local del Cártel Chiapas y Guatemala (la franquicia chiapaneca del CJNG), quien se encontraba detenido en la cárcel municipal.
A continuación, un breve repaso de otros casos sonados de alcaldes detenidos en la actual administración:
Cuautla, Morelos. El alcalde Jesús Corona primero apareció en un video difundido por el CJNG, donde se ventilaban los nombres de las autoridades de Morelos que operaban a favor de sus rivales del Cártel de Sinaloa y La Unión Tepito.
Teuchitlán, Jalisco. El alcalde José Ascención Murguía quedó bajo los reflectores cuando el colectivo Guerreros Buscadores exhibió el Rancho Izaguirre, centro de reclutamiento y exterminio que el CJNG tenía en Teuchitlán. En el curso de la investigación se descubrió que tanto el alcalde Murguía como la policía municipal colaboraban en la operación del rancho.
Tequila, Jalisco. El alcalde Diego Rivera Navarro fue denunciado por Grupo Cuervo tras exigirle el pago de 60 millones de pesos, bajo amenaza de clausurarle una planta. Luego trascendió que el alcalde operaba una red de extorsión en colusión con el CJNG.
Juchitán, Oaxaca. La caída del alcalde Miguel Sánchez Altamirano ocurrió pocos días después de que Elvis Guerra, artista muxe que bordó el vestido que la presidenta Sheinbaum usó este año en la ceremonia del Grito, denunciara en un video un ataque armado contra su casa. Aunque el gobierno federal aseguró que la investigación contra el edil venía de tiempo atrás, el atentado puso súbitamente bajo los reflectores la situación de Juchitán.
El patrón es claro. Primero se registra un hecho escandaloso y luego se concreta la detención. Los narcoalcaldes no caen por los abusos que cometen o solapan de forma cotidiana, donde el grueso de las víctimas es gente de a pie, sin el tiempo, los recursos y las relaciones para enfrentarse a los caciques del pueblo. Caen cuando se pasan de la raya. Por ejemplo, cuando se ven implicados en un caso de violación masiva a los derechos humanos (Teuchitlán), cuando se meten con alguien demasiado poderoso (Tequila), o bien conectado (Juchitán), o cuando dejan ir a un criminal de alta peligrosidad (el caso de este sábado, en Suchiapa).
Sin duda estos golpes son un avance respecto a la impunidad casi total del sexenio pasado. Además, mandan un mensaje disuasivo a los alcaldes: no se pasen de la raya, hay excesos que el gobierno federal ya no está dispuesto a tolerar de los ayuntamientos (los gobiernos estatales son otro cantar). La presidenta Sheinbaum, la fiscal Godoy y el secretario García Harfuch operan en el marco de lo que es políticamente transitable; dentro de ese marco, están avanzando en la dirección correcta.
Los “Operativos Enjambre” (como se conoce a las acciones coordinadas entre el gobierno federal y los estados contra funcionarios municipales) de los últimos dos años se quedan cortos frente a la magnitud real del fenómeno. Van una docena de alcaldes arrestados por vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, de las personas que fueron electas para desempeñarse como alcaldes para el periodo en curso, hay medio centenar con señalamientos creíbles de colusión con el crimen organizado (de acuerdo con nuestros registros en Lantia Intelligence). La cifra real podría ser mucho mayor y hay razones para pensar que el control criminal sobre los ayuntamientos es generalizado en algunas regiones del país. Para Sheinbaum sería un suicidio lanzarse a una depuración integral de todos los cómplices de grupos criminales que pululan en las administraciones estatales y municipales. La cacería de brujas no terminaría jamás. La ruptura de Morena, en contraste, sería casi inmediata.
Eso no quiere decir que debamos resignarnos a que los compadres de los capos sigan indefinidamente despachando desde los palacios municipales. Del lado de la sociedad también hay tareas pendientes. Una es dar mayor visibilidad al cobro de cuota y a los otros negocios criminales que operan con la complicidad de los alcaldes y las policías municipales. Otra es presionar, sobre todo en el ámbito estatal, para que las fiscalías mejoren la recepción, investigación y seguimiento de las denuncias. La colaboración de la fiscalía estatal ha sido, en las experiencias recientes, un rasgo distintivo de las investigaciones exitosas contra los alcaldes coludidos con grupos criminales.
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