Una democracia tiene su columna vertebral en la voluntad del gobierno de renunciar a usar la llave de la cárcel en movidas que afecten las posibilidades de los adversarios. Mandar a prisión a un opositor debe salvar toda suspicacia de lucro electoral.
La detención y encarcelamiento de Ernesto Ruffo es la demostración de que el movimiento que hoy ostenta el poder en México quitó ese freno de mano y usará a policías, ministerios públicos, jueces y alcaides para interferir en la competencia por los cargos públicos.
Apresar a Ruffo el jueves y exhibirlo esposado ocurrió luego de un cambio de juez, prólogo de unas audiencias iniciales llevadas a cabo sin la debida publicidad, y recluirlo en el Altiplano, penal para narcotraficantes y secuestradores, expide un tufillo de abuso y desaseo que debería disparar todas las alertas sobre la vigencia de una genuina democracia.
Durante muchos años se luchó por establecer un sistema judicial garantista. Romper la dinámica de “acusación, sinónimo de cárcel a la espera de un juicio que podría tardar años” (y culminar con el famoso usted disculpe) fue un logro que desde 2018 se machaca hasta vaciar de facto el derecho al debido proceso.
Y lo mismo se debe decir de la opacidad con la que proceden los jueces del régimen. De los creadores de aquello de “que la vida pública sea cada vez más pública”, tenemos ahora un gobierno que no permite que las audiencias sean atestiguadas por la prensa o los familiares.
Si tan sólido es su caso, si tan solvente su acusación, quién, si no los fiscales, saldrían ganando de la máxima publicidad en las audiencias. Si de la parte acusadora no hay nada que esconder, si no se trata de una vendetta contra una figura muy simbólica de la oposición, para qué vedar el acceso de la prensa.
Que sea la sociedad, a través de un seguimiento sin cortapisas de lo que se discuta en el juzgado, la que pueda hacerse su propio juicio sobre el valor de las pruebas de los presuntos delitos de Ruffo y del mérito de los argumentos de la defensa al respecto.
Sobre todo porque muy lejos está la Fiscalía General de la República del obradorato, lo mismo en la etapa de Gertz Manero que en la de Ernestina Godoy, de haber logrado una buena reputación, ni por pericia ni por sus intenciones (es decir, la discrecionalidad con que decide emprender sus mayores batallas, como hoy la de Ruffo).
Lo que toca es reclamar que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni Godoy y otros miembros del gabinete traten a la ciudadanía con condescendencia al esperar que se dé por buena su acusación y las decisiones de los jueces del acordeón.
Así que ya van tarde a la hora de corregir lo que lleva días torcido. Si Ernesto Ruffo cometió delitos, si es un actor pasivo de una operación criminal de huachicol, o si es una de las cabecillas de la trama, si hay pruebas de que, estrictamente por su conducta empresarial, ha de ser procesado por delincuencia organizada, que así sea, pero solo si los alegatos se ventilan en audiencias con el obligado acceso público.
De lo contrario, olviden que el INE está cooptado, dejen a un lado al Tribunal Electoral que recibe corriente de Palacio Nacional: lo que se rompe al manosear el caso de Ruffo es la posibilidad de que haya una democracia donde todos tengan la garantía de que el gobierno solo usará las llaves de las cárceles para los delincuentes, no para todos aquellos que no están dentro de su impoluto movimiento.
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