El gobierno de la 4T se ha ocupado de dañar la industria turística con malas decisiones que van desde desaparecer el Consejo de Promoción Turística, el aeropuerto de Texcoco, incorporar al servicio público, en particular al sector turístico, a pésimos servidores públicos y, en general, al soslayar a los prestadores de servicios turísticos.
En su desesperación por obtener mayores recursos para financiar un presupuesto cada vez más rígido, el gobierno federal corre el riesgo de cometer uno de los errores fiscales más elementales: cobrar tanto a una actividad productiva que termine inhibiéndola. Eso es precisamente lo que puede ocurrir con el turismo internacional con los incrementos contenidos en la Ley Federal de Derechos para 2027.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que plantea elevar de 983 a mil 334.80 pesos —que podría bajar a mil 158 pesos— el derecho que pagan los visitantes extranjeros sin permiso para llevar a cabo actividades remuneradas, es decir, un incremento cercano al 36 por ciento.
No se trata de un ajuste menor ni de una simple actualización inflacionaria. Es un aumento considerable aplicado precisamente a una de las actividades que mayores divisas, empleos e inversión genera para México.
Lo más absurdo es que esos recursos irían al Tren Maya y a otros elefantes blancos que representan una tremenda carga al fisco.
La decisión resulta todavía más cuestionable porque llega cuando algunos de los principales destinos turísticos nacionales enfrentan problemas que deterioran su competitividad.
Cancún y la Riviera Maya, joyas de la corona turística mexicana, padecen los efectos del sargazo, problemas de inseguridad, elevados costos de transportación, abusos contra visitantes y deficiencias en servicios e infraestructura.
El cinturón de sargazo del Atlántico alcanzó niveles récord durante 2026 y México se encuentra entre los países particularmente afectados.
En lugar de atacar esos problemas para hacer más competitivo al Caribe mexicano frente a República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Aruba y otros destinos de la región, desde Hacienda se opta por aumentar la factura de entrada.
La lógica recaudatoria parece sencilla: si millones de extranjeros visitan México, cobremos más por cada uno de ellos y obtendremos mayores ingresos. El problema es que el turismo no funciona en una burbuja. El viajero internacional compara precios de boletos, hospedaje, impuestos, seguridad, calidad de las playas, conectividad aérea y servicios antes de decidir dónde pasar sus vacaciones.
Y en esa competencia México no está solo.
El aumento del derecho migratorio tampoco llega aislado. El dictamen contempla ajustes en otros servicios y derechos, mientras diversos representantes del sector han advertido que el encarecimiento acumulado resta competitividad al país.
Incluso el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha señalado que una mayor carga sobre los viajeros impacta al sector y que los destinos compiten también mediante incentivos y menores cargas.
Aquí aparece el verdadero problema del Paquete Económico 2027: la necesidad creciente del gobierno de conseguir recursos para sostener compromisos presupuestarios cada vez mayores. Hacienda asegura que busca fortalecer la recaudación, combatir la evasión y alcanzar ingresos tributarios equivalentes al 15.9 por ciento del PIB, mientras el gobierno sostiene que no habrá nuevos impuestos y que continuará reduciendo gradualmente el déficit.
Pero una cosa es combatir la evasión fiscal y otra muy distinta exprimir actividades que funcionan.
El turismo debería ser tratado como una industria estratégica. Cada extranjero que llega al país no solamente paga un derecho migratorio: ocupa un asiento de avión, utiliza aeropuertos, se hospeda en hoteles, consume alimentos, contrata transportación, compra artesanías, visita restaurantes, zonas arqueológicas y parques, y deja recursos que terminan distribuyéndose entre cientos de miles de trabajadores y empresas.
Por eso resulta miope observar al turista únicamente como sujeto de recaudación.
Cuando se acumulan derechos, tarifas aeroportuarias, boletos caros, hospedaje, transporte y otros cargos, México comienza a perder una de sus principales ventajas: ofrecer una relación atractiva entre precio, conectividad y calidad.
Lo paradójico es que, buscando recaudar más, el gobierno puede terminar recaudando menos.
Eso se llama “matar a la gallina de los huevos de oro”.
La política fiscal inteligente no consiste en cobrar todo lo que se pueda a quien todavía genera riqueza, sino en ampliar la actividad económica para que existan más contribuyentes, empresas, empleos y consumo.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2026/10/14/matan-a-la-gallina-de-los-huevos-de-oro/