La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE-Tabasco) presentaron una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que denuncian una sistemática política de persecución sindical impulsada por el gobierno que encabeza Javier May Rodríguez.
De acuerdo con el documento presentado en la sede del organismo, en Ginebra, Suiza, el conflicto inició tras la llegada de Guadalupe Arias Acopa a la Dirección General del organismo de educación media superior, el 1 de marzo de 2025.
Los promoventes afirman que, en la primera reunión con la dirigencia sindical, el funcionario anunció que a partir de ese momento dejaría de reconocer diversas obligaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
La queja presentada en mayo pasado sostiene que Arias Acopa también habría manifestado que actuaba por instrucciones del gobernador Javier May Rodríguez para desconocer los efectos económicos y jurídicos del contrato colectivo, e incluso aseguró —según el escrito— que los tribunales laborales obstaculizarían cualquier acción promovida por el sindicato.
Esa afirmación constituye uno de los señalamientos más delicados contenidos en el expediente, pero no es el único.
Despidieron al secretario general del sindicato
Entre las principales acusaciones figura el despido de al menos nueve integrantes del Comité Ejecutivo sindical, entre ellos el secretario general, Candelario García Torres, mediante un procedimiento administrativo que los denunciantes califican de irregular y creado para evitar las garantías del debido proceso, con el objetivo de descabezar a la representación gremial.
El documento también denuncia que la Dirección General impidió el acceso de dirigentes sindicales a planteles del CECyTE y emprendió una campaña para promover la desafiliación de trabajadores, en la que se apoya con un asesor jurídico externo de nombre Javier Vargas Ramón, quien es uno de los líderes estatales del Partido Movimiento Ciudadano.
Según la denuncia interpuesta ante el organismo internacional del que México forma parte, empleados del Centro fueron citados individualmente, sin permitirles ingresar con teléfonos celulares, abogados o representantes sindicales, y fueron presionados para renunciar al sindicato a cambio de beneficios laborales o bajo amenaza de despido.
Desconocieron el contrato colectivo
Otro de los ejes del escrito es la sustitución unilateral del Contrato Colectivo de Trabajo por unas nuevas “Condiciones Generales de Trabajo”, medida que, según los promoventes, elimina prestaciones valuadas en aproximadamente 86 millones de pesos, incluyendo bonos, compensaciones y la reducción del aguinaldo de 45 a 25 días.
Asimismo, el sindicato acusa a la administración de utilizar la asignación de cargas académicas como mecanismo de represalia contra docentes afiliados, reduciendo horas de clase y, con ello, sus ingresos, además de bloquear procesos de basificación para quienes mantienen su militancia sindical.
Finalmente, la queja extiende los señalamientos al Tribunal Laboral del Estado de Tabasco, al que acusa de retrasar y obstaculizar los procedimientos promovidos por el sindicato, particularmente los emplazamientos a huelga, por lo que solicita a la OIT intervenir y emitir recomendaciones al Estado mexicano para restituir los derechos sindicales presuntamente vulnerados.
En su petición, la UNT y el STEMS-CECyTE solicitan la reinstalación de los dirigentes despedidos, el restablecimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, el cese de las presuntas prácticas de hostigamiento sindical y garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, derechos conculcados en perjuicio de alrededor de 1,200 trabajadores.
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