En la anterior colaboración quedó sembrada una pregunta: cuando el Estado es el que moderniza, ¿quién vigila al Estado? La respuesta comienza donde empieza todo en medicina: con la persona, la que tiene rostro, la que se alegra, la que sufre. La que no solo es un número.
Imaginemos a un paciente que llega a urgencias con un evento vascular cerebral. Cada minuto que pasa es tejido cerebral que muere. En el programa Código Cerebro del IMSS, la inteligencia artificial analiza su tomografía en menos de cinco minutos —antes tomaba hasta noventa— y el neurólogo decide a tiempo. Ese paciente vuelve a caminar, a hablar, a abrazar. La encíclica Magnifica humanitas aplaudiría este diseño, y conviene decir por qué: la máquina procesa, pero el médico decide. La tecnología sirvió al ser humano; no lo sustituyó. Ojalá todo el “salto tecnológico” se pareciera a esto.
El problema es que no todo se parece. En febrero se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que certifica dos hechos: el IMSS y el ISSSTE ya usan inteligencia artificial en la lectura de imágenes; sin embargo, la ley que debía regirla no la gobierna. La reforma de Salud Digital de enero de 2026 no define la inteligencia artificial, no clasifica riesgos, no exige auditorías, no asigna responsables. La encíclica tiene la frase exacta: no basta invocar la ética; hacen falta “marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente” y una política que no renuncie a su tarea.
Buena parte del llamado “salto tecnológico” en las instituciones de salud consiste, en realidad, en adquirir tomógrafos y resonadores de última generación con inteligencia artificial de fábrica: equipos más rápidos, que producen más estudios. Modernizar equipos es necesario. Sin embargo no es, por sí solo, un salto tecnológico: es producción. Una imagen no diagnostica a nadie: alguien tiene que leerla —y el país arrastra un déficit severo de radiólogos—, integrarla a una decisión clínica, explicársela al paciente y garantizar el tratamiento. Y esa inteligencia artificial de fábrica es una caja negra diseñada y entrenada por los fabricantes de los equipos, cuyo desempeño aquí nadie vigila. La ley ni siquiera la nombra.
Más estudios sin más capacidad de lectura y de respuesta es la numeralia otra vez: el PIB aplicado a la imagenología. La dignidad exige algo concreto: que detrás de cada estudio haya una lectura oportuna, una decisión y un humano que responda por ella. El paciente no es un estudio producido: es una persona que espera una respuesta.
¿Y qué pasará con la información en el nuevo Servicio Universal de Salud? A decir de la autoridad, el expediente clínico será universal; la credencial de salud contendrá los datos biométricos de la persona. Es su cuerpo y su historia traducidos a datos, concentrados bajo un solo poder que se supervisa a sí mismo —tras la extinción del órgano autónomo de protección de datos—. La pregunta que nadie formula: ¿quién es el dueño de esos datos, la persona o el Estado?
Que el expediente siga al paciente es justicia; pero las garantías que dependen de la buena voluntad del garantizado no son garantías: son promesas. Y a diferencia de una contraseña, el iris no se puede cambiar después de una filtración de datos.
La advertencia más fina del documento Papal sobre los asistentes virtuales no es que fallen, sino que sustituyan: el peligro no es creer que hablamos con una persona, sino “perder el deseo mismo de buscar realmente al otro”. En un sistema donde la consulta dura solo unos minutos, el chatbot no compite contra una relación médico-paciente sólida: compite contra un vacío, y contra el vacío la simulación gana.
La regla debería ser política pública: todo asistente virtual de salud debe producir encuentros humanos, nunca absorberlos. El médico debe conservar, protegido por norma, el derecho a apartarse de la sugerencia del algoritmo: solo un médico con juicio propio responde por su paciente. La encíclica lo resume: para un algoritmo, el error es algo a corregir; para una persona, puede ser el inicio de un cambio profundo.
Nada de esto frena a un tomógrafo. Publicar qué sistemas operan y qué deciden, auditarlos con independencia, garantizar un humano responsable y una vía de apelación en cada decisión clínica, restituir un vigilante autónomo de los datos: eso no es burocracia; es la dignidad convertida en procedimiento. La encíclica lo llama hacer la tecnología “discutible, refutable, y por tanto habitable”.
Cuando Nehemías terminó la muralla de Jerusalén, no declaró concluida la obra: puso guardias en las puertas. Entendió que una muralla que nadie vigila no protege a nadie; solo se exhibe. Esa es la vara del salto tecnológico: su primera prueba de autenticidad es aceptar ser vigilado. Y su medida final no será la velocidad de sus algoritmos, sino la pregunta con la que la encíclica mide toda obra humana: ¿hace la vida más humana, más digna del hombre?
En salud, la anterior pregunta tiene una traducción sencilla: que al final de cada proceso, por más inteligente que sea la máquina, haya siempre un rostro que responda por otro rostro.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/2026/07/28/la-enciclica-papal-y-la-dignidad-frente-al-algoritmo-segunda-y-ultima-parte/