Bruselas.— La crisis desencadenada por la invasión del enclave español de Ceuta por miles de personas indocumentadas exhibió cómo en la Unión Europea (UE) hay una tendencia hacia la instrumentalización de la migración con fines políticos, que no se está limitando a las fuerzas populistas de extrema derecha.
Unos 72 mil migrantes entraron ilegalmente a Ceuta el 30 de julio, reportó el Ministerio del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, durante una videoconferencia celebrada con carácter de urgencia el 4 de agosto. Del total, para el día de la comparecencia, unos 70 mil habrían retornado a suelo marroquí. Grande Marlaska subrayó que ninguno de los que entró sin documentos cruzó las aguas del Mediterráneo y llegó al continente europeo.
Ceuta es una ciudad autónoma española anclada en el continente de África, en el norte de Marruecos. Si bien es parte de España, que a su vez es miembro de la Unión Europea (UE), la entrada irregular al enclave no permite permanecer, viajar a la península ibérica o circular por Europa, debido a que no forma parte del espacio Schengen.
Todo el que llega ahí debe pasar por un doble filtro: el control en la frontera con Marruecos y la aduana de Schengen en los puertos migratorios de salida hacia la península y Europa, sea por mar o por aire. Así que nadie aborda un avión o embarcación sin mostrar que tiene la documentación migratoria en regla en un puesto de control de la Policía Nacional.
A pesar de que todos los socios de la Unión saben que entrar a Ceuta irregularmente no permite permanecer en España ni llegar a Europa, el gobierno español fue blanco de ataques de diversas fuerzas populistas. El primer ministro estonio, Kristen Michal, dijo que Madrid había creado “incentivos” para la migración ilegal a través de sus políticas de amnistía.
El 16 de abril entró en vigor el Real Decreto con el que dio comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes residentes en España. La medida, la primera de ese tipo en 20 años, tiene previsto beneficiar a unas 500 mil personas.
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Giorgia Meloni, primera ministra y presidenta de Hermanos de Italia, partido ubicado al extremo de la derecha radical, reaccionó pidiendo expulsar a España de la zona Schengen. “Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, dijo la líder populista.
Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia y miembro del Partido de los Finlandeses, fracción de extrema derecha, se sumó a los ataques reclamando apoyar la iniciativa de Meloni.
Los señalamientos y cuestionamientos quedaron resumidos en una carta firmada por 22 colegas de Sánchez; sólo los mandatarios de Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo no rubricaron la misiva cargada de críticas. El texto fue elaborado por iniciativa de Meloni y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Esta última es miembro de las filas europeas de centro izquierda, socialdemócrata, familia política que en teoría solía abogar por una gestión más humanizada de la cuestión migratoria.
Estudios realizados por instancias como el Mixed Migration Centre, con sede en Ginebra, y el Danish Refugee Council, con sede en Copenhague, han mostrado que las crisis en torno a la cuestión migratoria suelen ser convenientes para quienes impulsan una agenda política basada en la instrumentalización de la migración con fines electorales; a menudo, conscientes de que sus acciones tienen consecuencias de gran alcance para las personas en movimiento; unas 80 personas perdieron la vida en Ceuta. Los señalamientos sobre la crisis en la ciudad española encajan en ese patrón. Por lo menos, 18 de los 27 países de la UE son gobernados por partidos de centroderecha o derecha radical. Suecia, Eslovaquia y Eslovenia celebran comicios nacionales este año, en tanto que España, Francia e Italia tienen como límite el año entrante para convocar al electorado.
Para ActionAid, organización humanitaria activa en el enclave, el enfoque frente a esta crisis no debió ser de criminalización, estigmatización y deshumanización de los que se desplazan. “Es imprescindible situar el debate en las verdaderas causas de la movilidad humana, los conflictos, la violencia, la pobreza, la desigualdad, los impactos del cambio climático (…) por encima de los enfoques de seguridad exclusivamente”.
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