Jesús Plácido Galindo, líder indígena de Guerrero, fue detenido mientras se dirigía a una reunión con un funcionario del gobierno estatal. Su detención y traslado a un penal de máxima seguridad ponen sobre la mesa la situación que enfrentan los defensores comunitarios
Texto y fotos: Camilo Ocampo.
CIUDAD DE MÉXICO. – Jesús Plácido Galindo es un dirigente indígena y defensor de derechos humanos de Guerrero, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), organización desde la que ha acompañado y denunciado la violencia que padecen comunidades indígenas de la Montaña. Su trayectoria está vinculada con la defensa de los pueblos originarios y con la denuncia de la presencia y actuación de grupos criminales en distintas regiones del estado.
Su historia de organización comunitaria también tiene raíces familiares. Plácido Galindo continuó con el trabajo que había iniciado su padre, Cirino Plácido Valerio, quien participó en procesos de organización y defensa de los pueblos indígenas y, además, formó parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Popular.
Después de vivir un periodo en Estados Unidos, donde trabajó en la construcción, Jesús Plácido regresó a Guerrero y se incorporó a las tareas de defensa comunitaria. Con el paso de los años, su labor lo llevó a ocupar un lugar dentro de la organización indígena y a participar en espacios como el Congreso Nacional Indígena.
Desde 2021, además, formaba parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su incorporación ocurrió en un contexto de amenazas y riesgos derivados de su trabajo como defensor. Sin embargo, las medidas de acompañamiento y seguridad con las que contaba fueron suspendidas previamente a su detención, una situación que las organizaciones denuncian consideran especialmente preocupante.
La detención
El 17 de julio, Jesús Plácido Galindo se dirigía a una reunión en Acapulco. El encuentro había sido convocado formalmente por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, quien lo había citado a las 11 de la mañana.
El dirigente indígena no llegó a la cita.
Mientras se trasladaba hacia Acapulco, fue detenido en el municipio de San Marcos, durante un operativo en el que participaron elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía estatal. El trayecto que debía conducirlo a una reunión con el funcionario del gobierno estatal terminó así en una detención que organizaciones indígenas y de derechos humanos han cuestionado por la forma en que ocurrió y por las condiciones posteriores del proceso.
Durante el operativo, además, habría sido destruido el botón de geolocalización y pánico con el que contaba como parte de las medidas de protección que había recibido. El dispositivo estaba diseñado para emitir una alerta y facilitar su localización en caso de una emergencia. Sin embargo, en el momento de su detención, ese mecanismo quedó inutilizado.
La organización Las Abejas de Acteal, desde el Semillero del EZLN «Guerra contra la Humanidad», sostuvo que la captura de Plácido Galindo estaría relacionada con las denuncias que había realizado contra grupos criminales que operan en Guerrero. De acuerdo con la organización, el dirigente había pedido públicamente la captura de un líder de Los Ardillos y había denunciado la violencia que afecta a comunidades indígenas. Las Abejas consideraron que su detención pudo estar vinculada con esas denuncias.
A partir de su detención, las organizaciones que acompañan el caso comenzaron a denunciar una serie de irregularidades. El Congreso Nacional Indígena señaló violaciones al debido proceso, entre ellas que Jesús Plácido permaneció incomunicado durante más de 20 horas y que no tuvo acceso inmediato a una defensa jurídica de su elección.
También cuestionó el traslado del dirigente a un penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. Para las organizaciones, esta decisión resulta particularmente preocupante debido a que el delito por el que se le acusa corresponde al fuero común, es decir, aquellos delitos cuya investigación, procesamiento y sanción corresponden a las autoridades y leyes de cada entidad federativa. A estas denuncias se suma la falta de información sobre su estado de salud.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también ha advertido sobre las anomalías que rodean el proceso judicial contra el dirigente indígena. Para el organismo, la detención debe analizarse dentro de un contexto más amplio de criminalización y persecución contra defensores de derechos humanos que denuncian la violencia en Guerrero.
Un arresto dudoso
Una de las principales interrogantes planteadas por Tlachinollan está relacionada con una investigación por homicidio que habría comenzado en 2021 y que actualmente forma parte de las acusaciones contra Plácido Galindo. Abel Barrera Hernández, director del organismo, señaló que en agosto de 2025 la Fiscalía General del Estado envió un oficio al Mecanismo de Protección en el que se mencionaban cuatro carpetas de investigación relacionadas con amenazas y daños, pero no aparecía la carpeta por homicidio que ahora se utiliza en su contra.
Para Tlachinollan, esta omisión genera dudas sobre la existencia y el desarrollo de esa investigación. Si la carpeta se encontraba abierta desde 2021, cuestiona el organismo, tendría que haber sido reportada en la revisión realizada por las autoridades cuatro años después.
Las dudas se extienden también a uno de los testimonios utilizados en el expediente. La organización también señaló que uno de los principales testigos mencionados en la acusación, Marcos Campos Ahuejote, integrante del CIPOG-EZ, murió en 2022. El organismo cuestionó cómo pudo incorporarse posteriormente su declaración al proceso y afirmó que dicha confesión no aparece en el archivo electrónico de la Fiscalía estatal.
Criminalización, una cuestión de fondo
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, estas inconsistencias forman parte de un patrón que históricamente ha afectado a quienes defienden a las comunidades indígenas de Guerrero. La organización ha advertido que la criminalización de los defensores ocurre en un territorio atravesado por la violencia, donde denunciar la presencia de grupos criminales puede convertirse, paradójicamente, en un motivo para ser perseguido por las propias instituciones.
El caso de Jesús Plácido Galindo ha provocado la solidaridad y preocupación de organizaciones indígenas y de derechos humanos. Su detención, ocurrida cuando se dirigía a una reunión previamente convocada por un funcionario del Gobierno de Guerrero, ha colocado nuevamente en el centro del debate la situación de los defensores comunitarios en el estado.
El dirigente que durante años denunció la violencia contra los pueblos indígenas se encuentra ahora detenido y enfrenta un proceso penal que sus acompañantes consideran irregular. Mientras tanto, las organizaciones exigen que se respete su derecho al debido proceso, que tenga acceso a una defensa adecuada y que se esclarezcan las condiciones de su detención y traslado
The post Jesús Plácido Galindo: de una reunión oficial a la cárcel appeared first on Pie de Página.
Contenido sindicado vía RSS de Pie de Página. Nota original: https://piedepagina.mx/jesus-placido-galindo-de-una-reunion-oficial-a-la-carcel/