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La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong detuvo el miércoles a cinco personas tras registrar dos librerías independientes acusadas de vender y exhibir publicaciones que, según las autoridades, incitaban al odio contra el Gobierno local, la judicatura y los cuerpos de seguridad.

Los arrestados, tres mujeres y dos hombres de entre 30 y 59 años, permanecen bajo investigación por "actuar con intención sediciosa", una figura contemplada en la legislación de seguridad nacional de la ciudad semiautónoma y castigada con hasta siete años de prisión, informaron este jueves medios locales.

Durante la operación, los agentes inspeccionaron los establecimientos Have a Nice Stay y Greenfield Bookstore, en las concurridas áreas de Prince Edward y Mong Kok, y retiraron cajas con ejemplares cuyo contenido no fue detallado.

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El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, justificó este jueves la detención equiparando la responsabilidad de los libreros con la de los comerciantes de alimentos que deben evitar "envenenar" a sus consumidores.

Tang argumentó que los establecimientos tienen la obligación legal de garantizar que los libros a la venta no contravengan las leyes de seguridad nacional impuestas en el territorio y afirmó que "es similar a un vendedor de comida, que debe asegurarse de que sus alimentos no enfermen a la gente".

Aunque rehusó revelar los títulos concretos que están siendo investigados, el responsable rechazó categóricamente que las autoridades operen mediante una lista negra oficial de libros.

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"Nos centramos en el contenido, no en el título del libro", subrayó Tang, tras argumentar que una simple relación de obras prohibidas sería ineficaz, ya que bastaría con alterar sus nombres para eludir a las autoridades.

La actuación coincidió con la apertura de la Feria del Libro, el principal escaparate editorial del territorio, en una edición marcada por la exclusión de otras dos librerías independientes, Elmbook y Luck Win, dos nombres históricos del circuito local.

Presión a la cultura

En los últimos meses, librerías, editoriales y espacios de debate han denunciado auditorías fiscales, inspecciones administrativas, obstáculos para renovar licencias y presiones relacionadas con contratos de alquiler, en un patrón que los sectores críticos interpretan como una estrategia de desgaste.

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La presión se hizo especialmente visible a finales de junio, cuando la Policía detuvo a la exconcejala prodemocrática Leticia Wong, propietaria de Hunter Bookstore, junto a otro hombre, bajo sospecha de actuar con intención sediciosa.

Wong venía denunciando desde hacía años un hostigamiento persistente y llegó a contabilizar 92 inspecciones en total o actuaciones de distintos departamentos oficiales entre 2022 y 2025.

Ese endurecimiento se inscribe en la transformación política impuesta tras las protestas antigubernamentales de 2019.

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Desde la entrada en vigor en 2020 de la Ley de Seguridad Nacional decretada por Pekín y la aprobación en 2024 de la ordenanza local de salvaguarda de la seguridad nacional, las autoridades han ampliado su capacidad de intervención frente a actividades consideradas una amenaza para el Estado.

En este contexto, la ofensiva contra las librerías adquiere una dimensión simbólica, dado que no solo persigue títulos concretos, también los lugares donde sobrevive la memoria, el debate y el disenso en una ciudad cada vez más vigilada en la que la discrepancia se ha transformado en riesgo penal.

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