La administración de Trump retiró de manera abrupta un plan orientado a reclutar abogados jubilados del Pentágono para representar a menores no acompañados en los tribunales de inmigración, una medida que habría asignado la defensa de niños migrantes a profesionales con escasa experiencia legal en la materia, informó The New York Times.
Esto pasa con menores no acompañados sin representante legal
De acuerdo con el medio, esta situación aumenta la incertidumbre sobre cómo es que el gobierno federal cumplirá con su obligación legal de proteger los derechos de más de 20 mil menores no acompañados que enfrentan procesos migratorios pendientes.
Y es que, tras la conclusión de un acuerdo federal con una red de organizaciones sin fines de lucro, la administración firmó un contrato a corto plazo con la organización Our Rescue y evaluó recurrir a abogados militares retirados del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Pero, expertos legales y exfuncionarios señalaron que los contratos de transición funcionan únicamente como soluciones superficiales que dejan a los niños vulnerables ante el impulso de la administración para acelerar las deportaciones y adelantar audiencias judiciales.
La estrategia de contratación de la administración ha generado un intenso escrutinio por parte de organizaciones de derechos civiles y directores de centros de justicia:
El acuerdo con Our Rescue, una entidad enfocada históricamente en la lucha contra el tráfico humano y fundada por Tim Ballard, ha sido cuestionado por su falta de experiencia en tribunales de inmigración, a pesar de que la organización aseguró contar con trayectoria en la protección de menores vulnerables y aclaró que su fundador ya no está afiliado a la institución.
El HHS también exploró la asignación de un contrato sin concurso previo a la firma Burke Law Group, liderada por abogadas con vínculos a la administración, aunque la propuesta fue descartada tras determinarse que la estructura gubernamental propuesta no era viable. Mientras tanto, centros como el Amica Center for Immigrant Rights continúan representando a cientos de menores mediante fondos de reserva y recaudaciones, advirtiendo sobre un panorama catastrófico para la defensa legal de los niños migrantes.
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