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El gobierno español anunció la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda que generó un movimiento de protesta social.

Estas dos medidas (avanzadas en X por la ministra de Sanidad, Mónica García, tras complejas negociaciones en la coalición de gobierno) se incluirán en dos textos que deberán votarse después en el Parlamento, donde el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no está en mayoría.

Dentro de estas medidas, el gobierno pretende aplicar también la "prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre", según la ministra.

Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios al comprar viviendas en España y reducir la oferta.

El Ejecutivo prevé igualmente la "regulación" de los alquileres de temporada y de habitaciones, agregó García.

"Magnífico acuerdo. Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores", celebró de su lado en X el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Estas medidas, que deben anunciarse oficialmente tras el Consejo de Ministros de este martes, forman parte del que se ha conocido como "decreto Maricarmen", bautizado así por la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras su adquisición por una empresa inversora.

Su imagen siendo sacada en camilla de su apartamento desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.

El Congreso de los Diputados celebrará un pleno extraordinario este viernes para debatir las medidas, según los medios españoles.

"Hemorragia" económica en crisis de vivienda

Varios cientos de manifestantes y activistas ocupan desde el sábado la turística plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para denunciar la crisis de vivienda y exigir más protección para los inquilinos.

Estas demandas fueron formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos, que había señalado como medida principal la implantación de contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de vigencia actual.

"En Asturias, estamos experimentando ahora lo que pasó en el Levante mediterráneo, con el encarecimiento de alquileres, los pisos turísticos, la vivienda por las nubes, la gentrificación", explicó desde la acampada Guillermo Méndez, un guía turístico de 40 años llegado el lunes desde esa región del norte de España.

Méndez consideró que se necesitan "cambios muy estructurales" para abordar el problema de la vivienda.

"Celebramos esta victoria del poder popular", valoró por su parte Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, tras conocer los primeros detalles del decreto, señalando, sin embargo, que aún deben recibir y leer con detenimiento el texto.

"Esto solo acaba de empezar y por eso convocamos también movilizaciones estatales en todas las ciudades del país este fin de semana", advirtió junto a ella Valeria Racu, otra de las portavoces del sindicato.

En otras ciudades del país, como Málaga o Sevilla, también comenzaron a instalarse otras acampadas, por ahora menores, en las últimas horas. Mientras, en Madrid, las autoridades regionales han dado "un plazo máximo de 48 horas" a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento "ilegal" de la Puerta del Sol.

Los manifestantes ya habían logrado una primera victoria en la noche del lunes, cuando se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen Abascal para permitirle regresar a su casa. La octogenaria, que ha estado hospitalizada estos últimos días, aún tiene que firmarlo.

“Es genial que se solucionara este caso, entre comillas. Pero claro, es una tirita en una hemorragia enorme que está sufriendo la economía, la sociedad de este país", consideró Méndez desde la acampada.

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ss/mcc


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