La decisión reciente de la mayoría de consejeras y consejeros del INE de volver a diferir la emisión de lineamientos para regular las precampañas adelantadas de partidos políticos y sus aspirantes a cargos de elección popular deja abierto el debate y las dudas sobre el origen y aplicación de los recursos que se ejercen, en algunos casos, en tal magnitud que, si la autoridad cumpliera su responsabilidad de hacer una contabilidad racional y objetiva de los gastos realizados, encontraría que ya habrían rebasado los topes de gastos de precampaña y campaña que se establecen durante los procesos electorales.
La ciudadanía es testigo de la colocación de propaganda electoral en las calles, en especial de las 17 entidades federativas que en 2027 renovarán la gubernatura: cientos de bardas pintadas, espectaculares, propaganda impresa, redes sociales inundadas de mensajes con propaganda política y la realización de reuniones abiertas y hasta mítines para dar a conocer a las y los aspirantes que serán candidatos el próximo año, bajo el argumento falaz de que están en procesos políticos internos para elegir coordinadores de algo. La realidad es que dichos procesos ni son internos ni eligen coordinadores de nada, son precampañas adelantadas para elegir candidaturas.
Frente a hechos verificables, la mayoría de las y los consejeros asumen una actitud contemplativa, no han emitido lineamientos para regular y verificar los recursos que se utilizan en la propaganda político electoral del momento, con independencia de que la vigilancia de las gubernaturas corresponde a los organismos electorales locales, pues la fiscalización de ingresos y egresos de los recursos de partidos y candidaturas es una atribución centralizada que corresponde al INE. Es esta institución y ninguna otra la responsable de revisar los dineros de partidos y aspirantes, de revisar su origen y su aplicación.
Por su carácter constitucional de entidades de interés público que reciben financiamiento del Estado, los partidos están obligados a actuar con transparencia de cara a la sociedad, a informar de dónde obtienen los recursos para su funcionamiento cotidiano y para cubrir los costos de las campañas de elecciones federales y locales. Frente a la reiterada negativa del INE para emitir lineamientos que a estas alturas ya son inoperantes, Somos México ha propuesto que todas las fuerzas políticas se sometan a una revisión exhaustiva sobre el origen y aplicación de sus recursos por una comisión integrada con expertos de amplio reconocimiento y experiencia en materia de contabilidad y fiscalización, por personas neutrales; sin cancelar ni alterar las funciones del INE, pero que sean especialistas externos a los partidos y a las autoridades quienes verifiquen la información de los partidos para despejar dudas que ahora existen sobre el origen de los recursos utilizados en la propaganda que se observa en la vía pública y en las redes sociales.
La democracia mexicana necesita que los partidos y sus candidaturas demuestren que participan en los procesos electorales sin la influencia de recursos provenientes del crimen organizado, que no haya dudas generadas en la opacidad o en la falta de acción de las autoridades que no cumplen con su responsabilidad de fiscalizar. Si el partido mayoritario y sus futuras candidaturas tienen vocación democrática y compromiso verdadero con el pueblo, que se abran y permitan transparentar sus recursos para conocer su origen, no es una concesión gratuita ni un favor, es el cumplimiento de una obligación pública.
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