Yo creo que la ley debe estar al servicio de la dignidad humana y no convertirse en un fin en sí mismo.
Nací en un país donde el Estado de derecho funciona de manera intermitente. Una experiencia que me llevó, desde muy joven, a admirar a los países donde el orden, la justicia y la dignidad humana son valores que se respetan.
La semana pasada, sin embargo, me hizo pensar que hay circunstancias en las que la aplicación estricta de la ley puede desembocar en una grave injusticia.
Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad, llevaba viviendo en Madrid desde 1956 cuando fue desahuciada de su departamento. Su caso adquirió una dimensión particularmente dolorosa porque nunca dejó de pagar la renta.
El inmueble había pasado a manos de una sociedad inmobiliaria y el conflicto terminó en los tribunales. Tras varios años de litigio, el Tribunal Supremo dio la razón a la inmobiliaria y el nuevo alquiler resultó inasumible para Maricarmen.
Su caso movilizó a vecinos, activistas y simpatizantes que se concentraron frente al edificio para intentar impedir el desalojo coreando consignas como «Maricarmen se queda».
El 23 de septiembre, el desahucio se ejecutó. Maricarmen salió de su casa en camilla y fue trasladada a un hospital. Después se refugió temporalmente con familiares. El episodio provocó protestas no solo en Madrid, sino en 50 ciudades españolas. La presión social había colocado el problema de la vivienda en el centro del debate político nacional.
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez respondió con dos reales decretos-ley destinados a ampliar la protección frente a los desahucios y prorrogar determinados contratos de alquiler.
Pero el 2 de octubre, en el Congreso, el PP, Vox y Junts se unieron para rechazarlos: la derecha cuestionaba el alcance de la intervención estatal en el mercado de la vivienda; Junts argumentó que varias de las medidas reducirían la oferta de alquileres y no atacaban suficientemente el poder de los grandes fondos inmobiliarios.
Nadie pone en duda que resolver el caso de Maricarmen no soluciona la profunda crisis habitacional española. España enfrenta una insuficiencia de vivienda asequible que contribuye al aumento de los alquileres.
Pero detrás de las estadísticas hay personas concretas. Y ahí es donde el caso de Maricarmen adquiere una dimensión que trasciende las leyes, los contratos y las cifras.
El problema de fondo, desde mi punto de vista, es determinar qué debe ocurrir cuando la aplicación de una norma legal produce un resultado que, aunque formalmente correcto, parece incompatible con una idea elemental de justicia.
Estamos ante el viejo dilema entre lo correcto y lo justo.
Lo correcto reafirma la norma: si un contrato ha terminado conforme a la ley y los tribunales han fallado en favor de la propiedad, la decisión debe cumplirse.
Lo justo, en cambio, nos obliga a mirar las circunstancias particulares: la edad, la discapacidad, la vulnerabilidad económica, los años que una persona ha vivido en su hogar y la posibilidad —o imposibilidad— de encontrar una alternativa digna.
El Estado de derecho es indispensable porque protege a todos frente a la arbitrariedad. Pero la ley no debería convertirse en un mecanismo ciego ante las circunstancias humanas.
Una democracia madura necesita ambas cosas: reglas claras y una justicia capaz de reconocer cuándo su aplicación literal puede producir un resultado profundamente desigual.
Yo no tengo dudas sobre dónde me sitúo. Mi defensa del Estado de derecho no ha disminuido; al contrario, sigue siendo uno de los principios que más valoro.
Pero por eso creo que la ley debe estar al servicio de la dignidad humana y no convertirse en un fin en sí mismo.
El caso de Maricarmen me obliga a tomar partido por los más vulnerables.
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Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/2026/10/07/entre-lo-justo-y-lo-correcto/