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El Decreto Presidencial publicado el 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen nuevas tarifas de acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, establece también que la empresa paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V (GAFSACOMM) será ahora la encargada del cobro de las taquillas, situación que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura leen como un intento de privatización de la Zona Arqueológica de Tulum.

Fue este lunes que el Sindicato publicó un comunicado donde señaló que las zonas arqueológicas no son parques temáticos o centros de atracción turística subordinados a intereses económicos, y que no deben ser manejadas por empresas paraestatales.

Al respecto, el experto en políticas culturales, Bolfy Cottom, señala que no ve un intento directo de privatizar la Zona Arqueológica de Tulum, pero sí lee la intención del gobierno federal de destinar más recursos a la infraestructura del Tren Maya y usar las zonas arqueológicas para generar turismo y, por ende, más recursos, pero manejados por fuerzas militares.

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“Es un parque detonado a partir de la creación del Tren Maya, lo que están haciendo es fortalecer a una empresa estatal con corte militar, porque pertenece a la SEDENA, que ya es la que maneja el AIFA y el Tren Maya, para manejar esta zona, entonces, la intención es que la empresa consiga más turismo, y lo hará a través de estímulos fiscales y créditos, lo que significa, otra vez, destinar más recursos federales al sureste, al Tren Maya”, detalla Cottom.

El decreto establece que se cobrará a nacionales 80 pesos por acceso al Parque del Jaguar (el cual se encuentra dentro de la Zona Arqueológica de Tulum), y 165 pesos a extranjeros.

El Sindicato compartió también un oficio firmado por el director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, dirigido al director de la Zona Arqueológica de Tulum, donde indicó que, a partir del 27 de julio, el pago de acceso al Parque lo gestionará GAFSACOMM, por lo que la impresión de boletos y la responsabilidad de las taquillas serán de la paraestatal, pero que el personal del INAH seguirá laborando ahí.

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Bolfy Cottom, quien revisó el decretó, señala que se establece también que GAFSACOMM tendrá la facultad de realizar “servicios culturales”.

“¿Eso significa que va a sustituir al INAH esta empresa de corte militar? ¿Lo va a suplantar y los empleados contratados del INAH serán ahora los empleados de esta paraestatal? Es raro y confuso el convenio que hicieron”.

Lo más grave, dice Cottom, es que cada vez se le da más control al Ejército en la gestión del patrimonio cultural. “El antecedente y las denuncias de los militares haciendo excavación arqueológica ya las tenemos; este es otro caso y es grave que el Ejército tenga más control de lo que el INAH debería gestionar”, concluye.

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El Universal
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