El diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho, propuso una iniciativa para que los deudores alimentarios no puedan ser servidores públicos.
El legislador promovió reformas al artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que uno de los requisitos para ocupar un cargo de elección popular o en la dirección de un organismo autónomo, así como para ser persona trabajadora que preste sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, en los organismos autónomos y en las alcaldías, sea acreditar no ser deudor alimentario, ni haber sido condenado por sentencia firme por delitos de carácter sexual, por violencia de género o por violencia intrafamiliar.
En la fundamentación de la propuesta, se expone la necesidad de que los servidores públicos se conduzcan con ética, porque ello permite que la ciudadanía confíe en sus instituciones.
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Además, subraya que deberán actuar bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y competencia por mérito, eficacia y equidad, entre otros. Lo anterior para prevenir la corrupción, garantizar igualdad y justicia, mejorar la calidad de los servicios y asegurar la estabilidad del Estado.
La reforma del morenista también incorpora la perspectiva de género y busca proteger el bienestar de las infancias, al sancionar a los deudores alimentarios. Ello porque se trata de garantizar la supervivencia, salud y el desarrollo de este sector de la población y combate la violencia económica hacia las mujeres.
El documento destaca que, según datos del INEGI y organizaciones civiles, millones de padres incumplen con esta obligación económica, lo que significa que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimentaria, y que 67.5% de las madres solteras enfrentan solas la evasión de las obligaciones económicas de sus exparejas.
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Asimismo, señala que en México existe una marcada disparidad por género en la incidencia delictiva. “Mientras que los hombres sufren más delitos comunes en la vía pública, como robo, fraude y extorsión, las mujeres son las principales víctimas de delitos de violencia de género, violencia familiar y agresiones sexuales”.
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