Mérida, Yucatán.-La legisladora de Morena, Clara Rosales Montiel, presentó una iniciativa para evitar la censura y la criminalización de la protesta y la lucha por los derechos humanos en Yucatán.
Aseguró que esta iniciativa propone, en primer lugar, eliminar del Código Penal los delitos contra el honor, como la difamación y la injuria, para evitar que el derecho penal se utilice para castigar opiniones, críticas o expresiones.
Subrayó también que a nivel federal estos delitos fueron derogados del Código Penal Federal en 2007 y, “a partir de ahí las legislaciones estatales han avanzado a distintos ritmos; por eso, es necesario homologar los códigos penales y no quedarnos atrás en Yucatán”, afirmó la diputada del partido guinda.
Manifestó que en segundo lugar, se busca fortalecer la protección de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, así como las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) “para vigilar la actuación de las autoridades y contribuir a la protección de estos derechos durante las manifestaciones”.
Hay que recordar que en marzo de 2024, periodistas, activistas y organizaciones civiles presentaron ante el Congreso de Yucatán una iniciativa de reforma al Código Penal local para evitar la criminalización de la protesta social y la labor periodística, impulsando el derecho a la libre expresión y de reunión pacífica.
La propuesta fue impulsada en coordinación con colectivos como Kanan Derechos Humanos y Somos Periodistas, además del respaldo de Amnistía Internacional México.
Rosales Montiel declaró que esta iniciativa plantea modificaciones al Código Penal del Estado de Yucatán, al Código Civil, a la Ley de Tránsito y Vialidad y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Colectivos presentan en Yucatán la campaña “Proteger la Dignidad”
Mérida, Yucatán.- Integrantes del Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, presentaron la campaña “Proteger la Dignidad”, la cual busca reconocer la importancia de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y visibilizar los riesgos que enfrentan quienes las realizan.
“Exigimos la derogación de los delitos que criminalizan la defensa de los derechos humanos y el periodismo en Yucatán”, advirtió Hugo Arriola, integrante del Observatorio.
Destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección en Yucatán, mediante mejores marcos normativos y acciones de coordinación entre autoridades, organizaciones civiles, personas defensoras y periodistas.
Explicó que, de acuerdo con los registros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en Yucatán se contabilizan 37 personas beneficiarias desde su creación: 12 mujeres y 25 hombres y, de ese total, 26 son personas defensoras de derechos humanos y 11 son periodistas.
Por su parte, el periodista Javier Escalante Rosado señaló que, entre 2022 y 2026, se han registrado al menos 27 agresiones contra periodistas en la entidad, entre ellas agresiones físicas, amenazas, intimidación, censura, hostigamiento y acoso judicial.
“Estas violencias afectan tanto a quienes ejercen el periodismo como al derecho de la sociedad a recibir información”, afirmó.
Las organizaciones hicieron un llamado al Congreso del Estado de Yucatán para aprobar de manera íntegra el paquete de reformas legislativas presentado por el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta y Amnistía Internacional México para evitar la criminalización del derecho a la protesta y derogar los delitos contra el honor.
Asimismo dijeron que “Es indispensable fortalecer la articulación institucional y social, atender los riesgos y garantizar un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico en Yucatán”, concluyó.
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