La Corte Suprema aceptó revisar una política del gobierno de Trump que niega audiencias de fianza a inmigrantes, mientras las autoridades continúan su amplia ofensiva contra la inmigración.
Los magistrados considerarán si los inmigrantes que han estado viviendo en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia para determinar si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible deportación.
Jueces de tribunales de apelaciones de nueve de los 11 circuitos federales han concluido que detener a inmigrantes sin una audiencia de fianza viola la ley federal.
Esas decisiones entran en conflicto con fallos de los circuitos 5º y 8º, que sostuvieron que los inmigrantes acusados de entrar y permanecer ilegalmente en Estados Unidos deben ser detenidos mientras sus casos de deportación estén pendientes.
Abogados del gobierno del presidente Donald Trump argumentan que la división entre circuitos está “alterando la administración ordenada de la ley de inmigración”. Señalan que los tribunales del país se han visto inundados con miles de peticiones presentadas por inmigrantes que impugnan la interpretación legal del gobierno.
“Como resultado, hay un mosaico inviable de aplicación migratoria inconsistente, en el que los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son liberados en otros”, escribieron los abogados del gobierno republicano.
Los demandantes son inmigrantes representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que afirma que cientos de jueces de tribunales de distrito se han sumado a la mayoría de los circuitos al rechazar la nueva interpretación de los estatutos por parte del gobierno de Trump.
Los demandantes sostienen que el gobierno intenta negar audiencias de fianza a inmigrantes detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos —sin importar cuánto tiempo hayan vivido en el país—, en lugar de limitar la restricción a los no ciudadanos detenidos en la frontera.
“Millones de no ciudadanos podrían verse afectados por la nueva interpretación del gobierno”, escribieron abogados de la ACLU.
El gobierno de Trump afirma que su nueva política de detención obligatoria es legal en virtud de una ley de inmigración de 1996. El cambio de política se aparta de las prácticas de gobiernos anteriores, que por lo general permitían que la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales solicitaran una audiencia de fianza si eran arrestados lejos de la frontera.
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