La agencia QUA Energy Consultores recomendó a los participantes del sector de hidrocarburos, en especial al eslabón de los comercializadores que, ante las medidas del gobierno federal contra el huachicol fiscal o contrabando de energéticos, refuercen la trazabilidad de los productos que manejan y estén atentos a los ajustes regulatorios.
“El anuncio anticipa una posible modificación estructural del papel de los intermediarios en el mercado de combustibles, como parte del combate al huachicol fiscal.
“Para los permisionarios, la prioridad inmediata es reforzar la trazabilidad y la congruencia documental, y seguir la evolución normativa. El efecto concreto sobre las comercializadoras dependerá del alcance de la eventual reforma y de las reglas de implementación”, apuntó en un análisis Carlos Vallejo Galván, socio de la consultora.
El problema es que el huachicol fiscal ha dejado pérdidas al país por 600 mil millones de pesos, y ahora el gobierno federal analiza modificar la ley para reducir o limitar la intermediación de las comercializadoras de combustibles.
El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó su conferencia matutina que su administración estudia cambios legales para limitar la participación de las comercializadoras, al considerar que en ese segmento se han identificado irregularidades asociadas con el contrabando de combustibles y la evasión fiscal. Entre las alternativas planteadas por la consultora se encuentra permitir que la importación se canalice directamente a empresas transportistas o establecer límites a la intermediación de combustibles.
La estrategia descrita del gobierno se apoya en la trazabilidad del combustible desde la importación hasta la venta en estaciones de servicio, mediante el cruce de información fiscal, aduanera y comercial.
El objetivo es identificar diferencias entre los volúmenes declarados, transportados, facturados y vendidos.
Entre las posibles anomalías que las autoridades buscan detectar se encuentran las inconsistencias entre el producto declarado, transportado, facturado y comercializado, así como las diferencias volumétricas en la cadena de suministro, reafirmó QUA Energy Consultores.
Relevancia para las empresas
Las empresas cuya actividad se concentra en comprar y revender producto sin infraestructura propia podrían enfrentar restricciones o cambios en la forma de operar, dependiendo de la reforma, anota el informe.
“Podrían revisarse las relaciones entre importadores, comercializadores, transportistas, almacenistas, distribuidores y estaciones de servicio.
“Será relevante mantener consistencia documental entre permisos, pedimentos, facturas, contratos, volúmenes recibidos y entregados, transporte y registros fiscales”, sugirió Vallejo.
De esa manera, las empresas deberán distinguir entre el anuncio de una posible reforma y las obligaciones que actualmente se encuentren vigentes en sus títulos de permiso y disposiciones aplicables.
“Por el momento no puede concluirse que exista una norma que elimine a todas las comercializadoras o que ordene revocar de forma general sus permisos.
“Para determinar el alcance jurídico será necesario revisar, en su caso, la iniciativa formal, el decreto aprobado, sus artículos transitorios y las disposiciones administrativas que emitan SENER/CNE”, añadió.
Asimismo, señala que una inconsistencia detectada en la cadena de suministro no acredita por sí sola que todas las empresas del segmento hayan cometido una infracción.
Cualquier sanción o revocación individual debe sustentarse en la legislación aplicable, los hechos imputados y el procedimiento correspondiente.
Acciones recomendadas
La consultora recomienda monitorear la presentación de una iniciativa formal de reforma y su trámite legislativo.
Revisar el título de permiso y las obligaciones regulatorias, fiscales, aduaneras y de controles volumétricos aplicables a cada operación.
Asimismo, conciliar periódicamente litros comprados, importados, recibidos, transportados, facturados y vendidos, conservando evidencia documental verificable.
Además, revisar contratos y procedimientos internos de trazabilidad para identificar dependencias críticas de terceros y posibles cambios operativos; y evitar decisiones de suspensión o reestructura basadas exclusivamente en anuncios preliminares; confirmar primero el texto oficial y su entrada en vigor.
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