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Austin. Un grupo de congresistas demócratas pidió este lunes al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que investigue la adjudicación de casi 7 mil 500 millones de dólares en contratos para obras fronterizas en la región de Big Bend, en Texas, por posibles irregularidades y favoritismo hacia constructoras vinculadas a Donald Trump.

La misiva está firmada por 23 legisladores, entre ellos los texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro.

La carta señala en concreto a dos empresas, Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, que recibieron cuatro de los cinco contratos adjudicados para este sector.

Sobre la primera, los legisladores alegan que su fundador, Tim Barnard, donó alrededor de 1 millón de dólares a grupos de recaudación de fondos para la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2024.

Por su parte, Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 a Tom Homan, actual ‘zar’ de la frontera del Gobierno de Trump, para hacer lobby a su favor en Texas cuando este dirigía una firma de consultoría privada.

La decisión del gobierno de EU de construir un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, incluido el Parque Nacional Big Bend, ha generado rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, algunos propietarios de terrenos y residentes de la zona.

El parque tiene más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

En la misiva, los congresistas sostienen que "los contribuyentes merecen tener la certeza de que las decisiones que afectan al parque y a la región (…) responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados".

El sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno de los que menos cruces irregulares registra. En 2025 concentró apenas el 1.3% de las detenciones en la frontera.

Pese a ello, señala la carta, el DHS clasificó en mayo de este año la región de Big Bend como un área de "alta" entrada ilegal de migrantes y aseguró que existe una necesidad "aguda e inmediata" de construir barreras físicas en la zona.

Los legisladores sostienen en la carta que el inspector general debe examinar si la zona es realmente un área de alta entrada ilegal, si los contratos se adjudicaron correctamente pese a que el Gobierno se eximió de cumplir varias leyes federales y si el gasto responde al interés público.

Esta misiva llega una semana después de que el Supremo de Estados Unidos autorizara al gobierno a continuar con la construcción del muro fronterizo en Big Bend, que había sido frenada por un tribunal de menor instancia en Texas.

En el fallo, el Supremo argumentó que el Gobierno tiene intereses "apremiantes" en materia de "seguridad e integridad" de la frontera a la hora de construir el muro.

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aosr


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