La Legislatura de Chiapas aprobó una reforma a la ley de medios de impugnación en materia electoral, que permitirá anular una elección cuando durante el proceso se acredite que se cometió violencia política en contra de las mujeres en razón de género, mientras ésta sea grave, generalizada y determinante para el resultado de las urnas.
Dicha reforma incorpora la violencia política de género como causal específica de nulidad de una elección y establece mecanismos para impedir que los responsables del agravio vuelvan a contender en elecciones extraordinarias que, en su caso, sean convocados.
Uno de los principales cambios del ordenamiento es la presunción de determinancia, porque se presumirá que ese tipo de violencia fue determinante para el resultado, "cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento".
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Además, el veto a los agresores, es decir, el partido político o la candidatura responsable de los actos de violencia no podrán participar en la elección extraordinaria que se convoque, derivado de la nulidad.
Está reforma armoniza además la legislación electoral de Chiapas con la Construcción federal y establece que quienes tengan una sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género quedarán suspendidas de sus derechos político-electorales.
Por tanto, no podrán ser postulados como candidatos ni ocupar cargos públicos, durante la vigencia de dicha suspensión.
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La violencia política en razón de género no será tolerada
Chiapas busca fijar con esa reforma un límite más severo ante las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública, y evitar también que la violencia política se utilice como recurso para impedir, obstaculizar o condicionar su participación en los procesos electivos.
Ese tipo de violencia involucra actos u omisiones orientados a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Legisladoras afirmaron que el nuevo marco normativo electoral refuerza sus consecuencias en la esfera de la validez de los procesos electorales y de los comicios cuando los actos sean graves y determinantes.
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Con esta reforma, enfatizaron, se lanza el mensaje de que la violencia política de género no es tolerable, ni natural y que no quedará impune en el campo de la legalidad.
Chiapas, enmarcado con la nueva disposición jurídica, asienta "un paso firme hacia una democracia" donde las mujeres participen libres de violencia, en condiciones de igualdad y con la certeza del respaldo institucional.
"La lucha feminista transforma las leyes; las leyes transforman la realidad", argumentaron.
Participaron en la iniciativa
La 69 Legislatura señaló que la iniciativa de reforma fue elaborada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez.
Participaron en el proyecto legal la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova; la ex consejera y presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana , María Magdalena Vila Domínguez, y María Teresa Olvera Caballero, presidenta de la Red de Paridad de Género.
El proceso legislativo fue acompañado,asimismo por el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.
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