A más de una década de impunidad, la investigación por el multihomicidio y multifeminicidio del caso Narvarte permanece estancada entre la negligencia ministerial, la simulación institucional y los carpetazos a las líneas de investigación más determinantes
Texto y fotos: Andrea Amaya
CIUDAD DE MÉXICO.— «Un día como hoy, hace 11 años, te arrebataron la vida, querido hermano, y desde ese momento buscamos justicia para ti, Rubén, para Mile, Yesenia, Alejandra y Nadia. Recuerdo cuando decías que las autoridades son incompetentes y corruptas, que por ello no confiabas en ellas y preferías no denunciar. Ahora entiendo tu sentir y coincido plenamente contigo».
Con estas palabras, pronunciadas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, dio voz al sentir de las familias a más de una década del multihomicidio y multifeminicidio de la colonia Narvarte. En aquel crimen, perpetrado el 31 de julio de 2015, donde también fueron ejecutadas la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la investigación se mantiene sumida en la impunidad estructural y sistémica.
De acuerdo con lo señalado por las familias y las organizaciones que las acompañan, lejos de garantizar verdad y reparación, las autoridades capitalinas le apuestan al desgaste de las víctimas indirectas, al olvido social y al cierre paulatino e irresponsable de las indagatorias.
El abandono deliberado de la línea Veracruz y el riesgo periodístico
Durante una conferencia de prensa convocada de manera conjunta por las familias de las víctimas y la organización Artículo 19, integrantes del gremio periodístico denunciaron el carpetazo sobre las líneas de investigación más determinantes, en particular, aquella que vincula el crimen directamente con el ejercicio periodístico y el activismo político en el estado de Veracruz.
La periodista veracruzana Norma Trujillo detalló la persecución previa sufrida por Rubén Espinosa en dicha entidad antes de verse obligado al desplazamiento forzado hacia la capital del país. Trujillo enfatizó que la labor fotográfica y documental de Rubén incomodó severamente a las estructuras del poder político estatal de la época al registrar críticamente dos coyunturas históricas: la represión contra el movimiento magisterial que se oponía a la reforma educativa en 2013 y la creciente crisis humanitaria por la desaparición de más de 20 000 personas en la región.
«Las autoridades no han agotado la línea que vincula el crimen con la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera. Omitir el perfil de riesgo de las víctimas en un contexto de persecución previa invalida cualquier pretensión seria de justicia», afirmó la activista.
En el mismo sentido, la representación de Artículo 19 advirtió que Veracruz se mantiene como una de las regiones más peligrosas para la prensa —contabilizando tan solo en el periodo reciente tres asesinatos de comunicadores y una desaparición forzada—. Por ello, según denunciaron, dejar impune el caso Narvarte no solo perpetúa el dolor familiar, sino que envía un mensaje permisivo que convalida la agresión, la persecución y el silencio forzado para el periodismo en todo el territorio nacional.
Simulación y violencia institucional
A la incapacidad ministerial para identificar y detener a los autores intelectuales del crimen se suma el agravamiento de la violencia institucional denunciado por las madres y hermanas de las víctimas.
Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, condenó la cancelación unilateral de las mesas de trabajo periódicas que sostenían con la FGJCDMX, así como el traslado opaco de la carpeta de investigación hacia otra unidad de fiscalización sin previa notificación ni consentimiento de las familias, lo que contradice los derechos estipulados en la Ley General de Víctimas.
Alfaro expuso, además, la indolencia oficial ante las contundentes pruebas presentadas por la defensa independiente respecto a la presencia de redes de trata de personas en el entorno del inmueble de la calle Luz Saviñón, hipótesis que el personal ministerial ha desestimado y archivado de manera sistemática.
Por su parte, el periodista Alejandro Meléndez, en solidaridad con el gremio, denunció la continuidad en la simulación por parte de las sucesivas administraciones al frente de la Fiscalía capitalina, pues señaló la protección encubierta hacia exfuncionarios del periodo del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y la total falta de voluntad política para estructurar un esquema de justicia transicional coordinado con la Fiscalía General de la República (FGR).
La batalla por el memorial: la memoria viva como última trinchera de justicia
Esta cadena de omisiones y negligencias estatales se traduce también en golpes contra la memoria colectiva y los espacios de resistencia. Con profunda indignación, las familias denunciaron el hostigamiento, el vandalismo y los persistentes intentos por remover el memorial que se encuentra frente al edificio de Luz Saviñón, así como el reciente intento de destrucción del nicho donde descansan los restos de Rubén Espinosa.
Las familias remarcaron que el intento por desaparecer este espacio de dignidad no es un hecho aislado, sino una política deliberada de censura urbana y violencia simbólica: ante la incapacidad de entregar sentencias y verdad en los tribunales, las autoridades pretenden limpiar la imagen de la ciudad e invisibilizar el crimen. Para las madres, hermanas y colectivos de acompañamiento, el memorial constituye en sí mismo una forma de justicia restaurativa frente a la impunidad; un recordatorio permanente e incómodo para el Estado que interrumpe la cotidianeidad de la colonia Narvarte para exigir garantías de no repetición y mantener vivos los nombres de Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra.
Exigencia de cuentas y ruta hacia el litigio internacional
Frente al incumplimiento de las determinaciones de la recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), sumado a la postura de la actual gestión fiscal que califica como irrecuperable la evidencia extraviada o destruida en administraciones anteriores, Artículo 19 y los familiares anunciaron la apertura formal de una ruta legal para evaluar y llevar el caso a tribunales e instancias internacionales de derechos humanos.
Las familias de las víctimas y las organizaciones acompañantes exigen, en primer lugar, restablecer y transparentar de inmediato las mesas institucionales de trabajo con representación legal de las familias. Demandan asimismo frenar cualquier tentativa de carpetazo, archivo o dilación derivada del paso de los años, así como investigar y sancionar administrativa y penalmente la negligencia de los servidores públicos que viciaron la cadena de custodia y entorpecieron la investigación desde 2015. Finalmente, reclaman que se otorgue reconocimiento oficial, protección institucional y garantías de intangibilidad al memorial ciudadano de la colonia Narvarte como sitio histórico de memoria y exigencia de justicia.
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