La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, reactiva el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México, pero no modifica los pendientes estructurales del Estado para garantizar verdad y justicia.
Salvador Guerrero, director de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana (Ibero), señaló que más allá de las nuevas acciones judiciales, el caso Ayotzinapa continúa evidenciando las limitaciones institucionales para investigar desapariciones, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables.
En un comunicado, el académico afirmó que Ayotzinapa trascendió como una investigación penal y se convirtió en un referente nacional e internacional por las deficiencias del Estado mexicano para atender las desapariciones forzadas, así como por la participación, por acción u omisión, de autoridades de distintos niveles.
Recordó que la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, colocó bajo escrutinio internacional la actuación de las instituciones mexicanas y abrió nuevas líneas de investigación después de que fuera cuestionada la llamada “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Explicó que las investigaciones posteriores permitieron documentar presuntas omisiones, actos de encubrimiento y posibles responsabilidades de funcionarios públicos y grupos criminales, convirtiendo el caso en un símbolo de la crisis de desapariciones y de la lucha de las familias por verdad y justicia.
Sin embargo, advirtió que, a casi doce años de los hechos, los avances judiciales no son suficientes si no se atienden las fallas estructurales que permiten que estos delitos continúen.
Guerrero identificó tres pendientes principales para fortalecer la respuesta del Estado frente a las desapariciones forzadas.
El primero, dijo, es la profesionalización de las instituciones encargadas de investigar estos delitos, debido a que persisten deficiencias técnicas y operativas que limitan la capacidad de las autoridades.
El segundo consiste en fortalecer e independizar los servicios forenses. Explicó que en varias entidades estas áreas dependen administrativamente de las fiscalías, cuentan con recursos insuficientes y enfrentan una elevada carga de trabajo, lo que afecta los procesos de identificación humana y análisis de evidencia.
El tercer desafío es consolidar una coordinación nacional entre fiscalías, policías, servicios periciales y Poder Judicial, debido a que la desaparición forzada requiere mecanismos permanentes de colaboración e intercambio de información que superen las capacidades aisladas de cada institución.
El académico destacó que Ayotzinapa impulsó cambios legales, fortaleció la participación de las familias de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia y colocó en la agenda pública la necesidad de contar con instituciones especializadas para enfrentar la crisis de personas desaparecidas.
No obstante, sostuvo que la identificación de personas, la coordinación entre autoridades y el desarrollo de capacidades técnicas siguen siendo asignaturas pendientes ante un país que enfrenta decenas de miles de casos de desaparición.
Guerrero señaló que la detención de Ángel Aguirre Rivero puede representar un avance en el proceso judicial, pero afirmó que la solución de fondo requiere fortalecer las instituciones encargadas de investigar, identificar víctimas y coordinar la respuesta del Estado, pues de lo contrario casos como Ayotzinapa continuarán reflejando las debilidades del sistema de justicia.
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