Mauricio Garduño González Elizondo, un “amigo” de Andy López Beltrán que estuvo presente en el cónclave del restaurante Magazzino de la colonia Condesa, fundó una empresa con contratos multimillonarios en diversas dependencias en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Además de ser socio minoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., Garduño González Elizondo es dueño de Grupo Comercial Nasa, dedicado a comercializar, distribuir, importar y exportar ropa, medicamentos y alimentos; Grupo Gamao, S.A. de C.V.; Fast Multimarca, S.A. DE C.V., y Bil Satelite Nasa, dedicadas al comercio de vehículos; así como Grupo Nade y Sixsigma Networks, especializadas en telecomunicaciones.
La última de ellas, Sixsigma Networks, tiene un amplio historial de 198 contratos públicos con el gobierno federal que datan desde el año 2006, por montos que en su conjunto superan los 33 mil millones de pesos, y de la cual el empresario mexicano es fundador.
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Si bien los contratos de Sixsigma Networks con la Federación no revelan ninguna ilegalidad, muchos de ellos se han otorgado por adjudicación directa.
Destaca un “megacontrato” que firmó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016. Se trató de una licitación del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), un contrato histórico en consorcio con IBM que superó los 9 mil 900 millones de pesos para modernizar las aduanas del país.
El contrato fue ampliamente cuestionado, al punto de que en la Cámara de Diputados la legisladora lrma Rebeca López López, del grupo parlamentario de Morena (que entonces era oposición), interpuso dos puntos de acuerdo durante la 63 Legislatura (2016), uno para exigir la cancelación del contrato bajo el argumento de irregularidades en el proceso y otro para pedir a la Auditoría Superior de la Federación la apertura de una investigación.
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Tras una fuerte disputa legal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó reponer el fallo y fue hasta mayo de 2018 cuando dicha transacción cobró vigencia, por un monto final de 8 mil 540 millones de pesos.
Entre los contratos más destacados obtenidos por Sixsigma Networks destaca el firmado en 2007 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por 540 millones de pesos; el signado con Financiera Rural en 2008 por mil 696 millones de pesos, y el pactado con el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2010, por 529 millones de pesos.
Todos los contratos fueron para brindar servicios de infraestructura de datos y fueron otorgados durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (60 en todo el sexenio).
En la administración de Enrique Peña Nieto se contabilizó la entrega de 81 contratos que la Federación otorgó a Sixsigma Networks México, entre los que destacan uno del IMSS por 700 millones de pesos, que fue otorgado por adjudicación directa en 2013; otro con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por 344 millones, también por adjudicación directa (2013), y uno más firmado con Bansefi para crear un centro de datos que se dio en adjudicación directa y dejó ganancias por 106 millones 413 mil 773 dólares, equivalentes a mil 810 millones de pesos al tipo de cambio.
La buena relación entre Mauricio y el gobierno continuó con Andrés Manuel López Obrador, en cuya administración se le otorgaron 49 contratos, cerca de 40% con adjudicaciones directas.
Entre los más relevantes se encuentra el firmado en 2018 con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. para un servicio de “mejora de atención a clientes”, que costó 98 millones de pesos; el pago por el otorgamiento de un “servicio de infraestructura de datos” en el ISSSTE, por el que se pagaron 301 millones de pesos; y una adjudicación directa para el “Servicio integral de centro de datos” para el Banco del Bienestar, por el que se erogaron mil 739 millones de pesos del erario durante el año 2022.
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En el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Sixsigma Networks México ha obtenido ocho contratos, siendo el más jugoso el obtenido en 2025 con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el servicio de administración del centro de datos, cuyo monto superó los 542 millones de pesos.
El cónclave celebrado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, operado a puerta cerrada en un establecimiento blindado exclusivamente para los asistentes, ha abierto un intenso debate público debido a la naturaleza de las conexiones entre los personajes involucrados: un empresario con acceso a licitaciones tecnológicas de escala masiva dialogando con Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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