Solo dos de cada diez personas deportadas durante el actual gobierno de Donald Trump tenían antecedentes penales. Un nuevo análisis del Migration Policy Institute revela que la mayoría de los expulsados no cometió ningún delito, contradiciendo la promesa oficial de concentrar los arrestos en criminales graves.
La mayoría de los deportados no tiene historial delictivo
Entre el 20 de enero de 2025 y julio de 2026, Estados Unidos repatrió a unas 980,000 personas. De ese total, únicamente el 20% contaba con un registro criminal.
Dentro de ese reducido grupo con antecedentes, la mitad solo tenía faltas menores, como infracciones de tránsito o haber cruzado la frontera sin documentos.
“No es el caso que la mayoría de las condenas son por delitos violentos o graves”, explicó Marc Rosenblum, responsable del análisis del Migration Policy Institute y exdirector de la Oficina para Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Rosenblum advirtió sobre el impacto de esta estrategia:
“Creo que al enfocarse tan ampliamente en deportar a cuanta gente sea posible eso dificulta enfocarse en deportar a cuantos criminales sea posible.”
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no contestó a las peticiones de información enviadas por Noticias Telemundo.
Menos de un millón y por debajo de gobiernos anteriores
La cifra de 980 mil deportaciones no alcanza la meta de un millón de deportaciones anuales fijada por la Casa Blanca, ni los 1.1 millones de deportaciones (más 2.2 millones de salidas “voluntarias”) que la Administración ha anunciado en público.
Incluso al contar solo a las personas con antecedentes penales, los números actuales están por debajo de los datos registrados durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.
“Cabe destacar que, incluso con todos los recursos que la actual Administración ha dedicado a arrestar y deportar a gente, si vemos los números en comparativos anuales están por debajo de los niveles altos que llegamos a ver durante los Gobiernos de Bush y de Obama”, señaló Rosenblum en una llamada con medios.
Para sostener estos operativos, las agencias ICE y CBP reciben hoy más presupuesto que los organismos federales de seguridad pública. Además, el informe detalla que el Gobierno quitó personal especializado en procesar asilo, refugio, visados e investigaciones criminales para enviarlo a tareas de arresto y expulsión.
Más arrestos dentro del país a personas con arraigo
El estudio, basado en datos obtenidos mediante solicitudes FOIA, muestra que el DHS desplazó sus operativos hacia el interior de Estados Unidos, arrestando a personas que llevaban años viviendo en el país, a diferencia de gestiones pasadas que priorizaban las detenciones en la frontera.
- Enero – Marzo 2025: Cada mes se deportó a un promedio de 10 mil personas que tenían al menos dos años en el país (muchas con trámites de asilo activos o protecciones temporales).
- Mayo – Julio 2026: Ese promedio mensual subió a 18 mil personas, un aumento del 77%.
Los datos del Migration Policy Institute se vuelven clave debido a que la OHSS no ha publicado sus informes oficiales correspondientes. Rosenblum dirigió esa oficina federal hasta el verano de 2026.
Con información de Telemundo.
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