Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ante un tribunal federal de Massachusetts para anular una nueva norma que exige entregar datos de los votantes e impone restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre.
La acción legal ocurre días después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con reglamentaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia (DOJ) sobre elegibilidad electoral.
Los controles del USPS
La norma obliga a los estados a enviar los datos de quienes votan por correo (nombres y direcciones) a un portal federal al menos 30 días antes de cada elección. También le da al USPS la facultad de aprobar el diseño de los sobres y asignarles un código de barras de rastreo. Según la agencia, esta lista entregará información clave a las fuerzas del orden federales para identificar a quienes planean votar por correo.
En paralelo, la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo instruye al DHS a crear sus propios padrones de residentes elegibles y ordena al fiscal general priorizar investigaciones contra funcionarios locales que emitan boletas a no ciudadanos o personas no autorizadas.
Idas y vueltas en los tribunales
El recorrido legal de la medida ha sido rápido y convulso:
- Publicación: El USPS la publicó formalmente en el Registro Federal, tras presentar la versión final el viernes anterior.
- Freno y rectificación: Una jueza federal la bloqueó por considerarla inconstitucional, pero levantó la orden horas después al admitir que se apresuró antes de la entrada en vigor del decreto.
- Postura del Supremo: El máximo tribunal permitió al gobierno seguir elaborando la norma, aclarando en una resolución sin firma: “La resolución del Tribunal sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la Orden sea necesariamente legal. Al respecto, el tiempo lo dirá”. La Corte aún no evalúa si la orden es constitucional.
El argumento de los estados
Los demandantes advierten que la medida dejará sin votar a miles de ciudadanos y obligará a los funcionarios locales a malgastar tiempo y recursos en plena carrera electoral.
La demanda señala que la regla viola la Constitución, la Ley de Privacidad, la legislación de derechos de voto y el propio estatuto del USPS: “Cada uno de estos defectos por sí solo demostraría la ilegalidad de la norma. En conjunto, demuestran el total desprecio del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) por la ley al ejecutar las preferencias políticas del Presidente”.
“Hoy emprendemos acciones legales para detener esta norma ilegal y garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho constitucional al voto. Seamos claros: la Constitución de los Estados Unidos otorga a los estados la facultad de regular las elecciones, no al presidente ni al Servicio Postal. Las papeletas de voto son una extensión de nuestra voz y solicitamos al tribunal que garantice que toda persona tenga derecho a que la suya sea escuchada”. — Rob Bonta, Fiscal General de California.
Esta demanda muestra que estados rechazan centralizar la supervisión del voto postal. El tribunal de Massachusetts decidirá el futuro de la norma antes de las votaciones.
Con información de CPR.
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