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Al reconocer que la violencia feminicida persiste en México, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de erradicar este crimen, homologar penas y protocolos de investigación.

“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción”, declaró.

De ser aprobada en el próximo periodo de sesiones, se establecerá una pena de 50 a 70 años de prisión a quien asesine a una mujer y se acrediten razones de género, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, parentesco con el agresor, entre otras. Además, el Ejecutivo federal fijó 19 agravantes para aumentar la pena, en caso, por ejemplo, de que la víctima sea una niña, adolescente, periodista o migrante.

“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación, a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas, y la no discriminación y el no al machismo, como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio”, expresó.

En Palacio Nacional, la Mandataria acusó que en algunas fiscalías estatales siguen clasificando las muertes violentas de mujeres como suicidios, mientras que el proceso para reconocer la violencia previa que vivieron las víctimas es lento. En ese sentido, aseguró que la ley busca que en todo el país el delito sea investigado con perspectiva de género.

“Como primera mujer Presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia, contra la violencia (...) Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio y evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, explicó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo federal, señaló que la importancia de esta ley se debe a que hay deficiencias en los procesos de investigación, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generan pérdida de indicios y subregistros de feminicidios. Y, lo más grave, se catalogaban como “homicidios” cuando realmente eran feminicidios.

Indicó que la ley también contempla sanciones adicionales a los agresores, como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de tutela, guarda y custodia, pérdida de patria potestad, así como la destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos.

Asimismo, se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. Fija que el delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, pues no es un delito que pueda prescribir. Tampoco procederán criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicional y tampoco, en ningún caso, amnistías.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que esta iniciativa parte de que existe una obligación de investigar con debida diligencia y se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país.

Estos protocolos deberán incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis en contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas.

También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el ministerio público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones.

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que la ley también garantizará los derechos de las víctimas, como el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y sicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas.

Reiteró que el gobierno federal creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, se implementarán campañas de concientización e información para prevenir el delito de feminicidio y se instalarán grupos técnicos de apoyo.

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