Domingo 18 de Agosto, 2019 - México / España
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México vive un Conflicto Armado No Internacional desde 2007: estudio


Universidad de Leiden en los Países Bajos, ITESO y Comisión mexicana de DH califican nivel de intensidad de violencia, poder de 9 cárteles, creciente militarización y el número de desplazados en el país

(Primera parte)

El nivel de intensidad de violencia que se vive en nuestro país, que ha llevado a más de 200 mil asesinatos en los últimos10 años, atribuidos o relacionados en su mayoría con tráfico de drogas; la presencia y operación de al menos 9 cárteles u Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) con poder para enfrentar al gobierno,;la creciente militarización para combatirlas, y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, han llevado a una conclusión: México vive un Conflicto Armado No Internacional (CANI).

Ello de acuerdo con un estudio que elaboró la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU), conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO), donde se analizó el nivel de organización, armamento, estrategias incluso militares y poderío de los 9 cárteles más importantes del país; su nivel de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, así como la intensidad y violencia que se registra en territorio nacional, con lo cual se concluyó que “en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término” de Conflicto Armado No Internacional (CANI).

De acuerdo con este estudio denominado La situación de la Violencia Relacionada con las Drogas en México del 2006 al 2017, siete de los nueve cárteles o grupos criminales en México cumplen el requisito de nivel de organización que requiere una definición de (CANI) : el Cártel de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Los otros dos cárteles, el del Golfo y el de los Arellano Félix/Tijuana, no se consideraron lo suficientemente organizados para calificar como un grupo armado organizado.

Además se consideró que el umbral de intensidad y violencia para llegar a esta conclusión también se cumplió en dos periodos. En este caso, los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que el grado de enfrentamiento entre cárteles y fuerzas armadas permitió determinar —según el estudio— que en México ha estado ocurriendo un conflicto armado no internacional desde el 2007 y a lo largo de 12 años, entre el gobierno mexicano y las siguientes OTD, en los siguientes periodos:

La Familia Michoacana, de 2007 a 2010; el Cártel de Juárez, de 2008 a 2011; el Cártel de Sinaloa, de 2008 a 2017 (en curso); Los Zetas, de 2010 a 2017 (en curso); los Caballeros Templarios, de 2012 a 2015, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de 2014 a 2017 (en curso).

“Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, se concluye que desde 2007 en México se presenta un conflicto armado no internacional. Aunque este informe sólo ha analizado datos hasta diciembre de 2017, cabe suponer con certeza que el conflicto continúa”, advierte.

Esta definición abre la puerta para que se apliquen los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en tiempos de guerra, que obliga a los militares a respetar y distinguir entre combatientes y población civil, los somete a acuerdos internacionales para regular el uso de la fuerza, y el respeto a los derechos humanos en caso de conflictos humanos y hasta se puede llevar a juicio a quienes en este contexto han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, al no reconocerse la existencia de un conflicto armado, el personal militar tampoco respeta esos principios. Sólo con esa clasificación podrán tener claridad sobre los límites al uso de la fuerza que imponen el DIH y los derechos humanos en casos de conflictos armados, explica.

CAPACIDAD DE RESPUESTA. La confrontación entre cárteles y el gobierno federal ha registrado episodios más intensos en algunos periodos de Calderón y Peña Nieto en los que destacan dos grupos criminales por su crueldad y capacidad de respuesta militar: el Cártel de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aunque también en su momento fue importante el Cártel de Juárez, que lideraba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos.

El estudio detalla que con base en la información recopilada, durante 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y el Cártel de Juárez, que fue considerado un grupo armado organizado.

Le siguió el Cártel de Sinaloa de 2008 a 2017, guerra que continúa en curso a pesar de la aprehensión y extradición del Chapo a Estados Unidos.

Sin embargo es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien mantiene en jaque al gobierno federal desde el 2010 hasta la fecha, por su capacidad de respuesta gracias a la organización y armamento militar con el que cuenta.

“Estos grupos armados organizados y las fuerzas armadas del Estado han contribuido al carácter colectivo de la violencia”, establece el estudio.

Por ejemplo, de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200 mil asesinatos en México en total, la mayoría de los cuales se atribuyen a violencia relacionada con las drogas, agrega.

De hecho, las cifras de homicidios fueron aumentando a medida que el gobierno desplegó nuevos contingentes militares en todo el país. La militarización en México, por lo tanto, también influyó en el nivel de violencia. En total, más de 50 mil efectivos militares equipados, entre otros artículos, con armas automáticas y lanzacohetes, involucrados en el combate contra las Organizaciones de Tráfico de Droga (OTD), aunque a menudo eran apoyados por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.

Las OTD también intentaron aumentar la potencia de su armamento, asegurándose acceso a armamento pesado; haciendo uso frecuente de granadas, lanzagranadas, fusiles de asalto, ametralladoras, e incluso cohetes aunque en menor medida.

Así, con base en la naturaleza y gravedad de las operaciones armadas; las víctimas mortales; el tipo de armamento utilizado; la magnitud de los daños materiales, y las consecuencias para la población civil en México, se puede concluir que nuestro país vive un Conflicto Armado No internacional (CANI), según este estudio.