En un informe devastador, Bachelet pide al gobierno venezolano que frene las “graves violaciones de derechos”. El régimen condena “parcialidad” y que oculte “logros” del chavismo en derechos humanos
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará hoy en Viena el informe más devastador de los publicados hasta la fecha sobre la crisis en Venezuela y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que “frene las graves vulneraciones de derechos” en el país petrolero.
Un extracto del informe, publicado ayer, muestra un panorama siniestro, en el que régimen chavista utiliza escuadrones de la muerte para acabar con la disidencia, tal como ocurría hace cuatro décadas en las dictaduras militares latinoamericanas.
Tras su reciente visita a Venezuela, del 19 al 21 de junio, Bachelet denuncia, a través del informe, que desde la llegada al poder de Maduro, especialmente desde 2016, su gobierno puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Militarización del Estado. El informe denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado y atribuye a fuerzas tanto civiles armados como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares. También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.
En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.
Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5 mil 287 muertes documentadas en 2018 por supuesta “resistencia a la autoridad” y al menos otras 1 mil 569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.
A principios de esta semana, pocos días después de visitar Venezuela, Bachelet pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de la muerte bajo custodia del capitán de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.
El régimen prohibió que forenses independientes estuviesen presentes en la autopsia, pero una filtración confirma que el capitán murió a causa de la tortura a la que fue sometido mientras era interrogado.
El informe, elaborado mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, indica además que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. Ante estos abusos, “son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”.
El informe, que hoy presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.
“Parcializado”. El gobierno de Maduro presentó de inmediato 70 alegaciones al informe, que calificó de “distorsionado” y de tener una visión “abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos”. Denunció además que omite los “logros” del chavismo en derechos humanos.
