Hay un peligro real de que se derrumbe el sistema de centros de investigación, señala investigador del CICESE. Representantes de las 27 instituciones entregan carta en Presidencia, SHCP y Conacyt.
Los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI o Centros Conacyt) distribuidos en todo el país están en “riesgo de colapsar” debido a las medidas de austeridad y los recortes presupuestales que han sufrido en los últimos meses, suscribe una carta que representantes de los más de tres mil investigadores de estas instituciones hicieron llegar ayer a la Presidencia, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a legisladores.
En entrevista afuera de Palacio Nacional, científicos de Veracruz, Baja California, Puebla y la capital, explicaron cómo las nuevas medidas de austeridad comprometen la operatividad de los centros, impiden completar la nómina de sus trabajadores hasta diciembre, pagar la electricidad y manejar los fideicomisos de los recursos autogenerados para que la SHCP tome su control. Lo anterior se suma a la falta de competitividad salarial de los investigadores, el impedimento de recontratar a personal técnico que está bajo el esquema de honorarios e incluso la dificultad de viajar a congresos al extranjero, puesto que requerirían del permiso del Presidente. Las medidas afectarán a investigadores, estudiantes, personal técnico y trabajadores, una comunidad de alrededor de 10 mil personas.
“Las consecuencias son inmediatas y terribles. La más inmediata es la restricción de hacer viajes al extranjero”, señala Eugenio Méndez, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el instituto más grande de los Centros Conacyt. “Venimos de recorte en recorte y la actual situación nos pone en crisis; ya tenemos problemas de nómina y el desánimo de los estudiantes ya es visible, mientras los investigadores estamos muy preocupados puesto que hay un peligro real de que se derrumbe el sistema de centros de investigación”.
Silvia Dutrénit es académica del Instituto Mora, encargado de hacer investigaciones sociales y refiere que los recortes comprometen la contratación de personal técnico que necesitan y que desde hace años trabajan bajo un esquema de pago de honorarios. “Tendremos la dificultad de operar por reducción presupuestaria, pero también por reducción humana. A la vez, generaremos más desempleo”. La investigadora enfatiza que la gravedad de este panorama compromete además el desarrollo del conocimiento para resolver problemas del país. “Y estas medidas atentan contra ello”.
DIFERENCIACIÓN. Por su parte, Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología (Inecol), con sede en Xalapa, Veracruz, puntualiza que las medidas de austeridad no piensan en la labor que desempeñan los centros de investigación, sino en instituciones de carácter más administrativo. Sin embargo, este panorama no se limita al que enfrentan estos centros, puesto que otras dependencias federales e instituciones no autónomas padecen circunstancias similares, tal es el caso del IPN, Cinvestav e institutos nacionales de salud.
La semana pasada, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico realizó un pronunciamiento para alertar sobre estas medidas, donde las instituciones afectadas, además de la UNAM y otras, rubricaron su preocupación a través de su mesa directiva, de la cual forman parte.
El problema de considerar a estas instituciones como cualquier otra de carácter administrativo y a sus investigadores como cualquier otro funcionario público no es nuevo, sin embargo, las desventajas y falta de diferenciación de estos perfiles se han agudizado con la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana presentada por el gobierno federal, que se discute en el Poder Legislativo, aunque desde la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ya avizoraba el crecimiento de su impacto.
“La forma en la que se están presentando las cosas llevarán a muchos centros de investigación a la inoperatividad y cierre porque no podremos hacer nuestras funciones. Tan sólo en el Inecol estamos bajo presión porque no tenemos para pagar electricidad y hacer trabajo de campo se complica por burocracia innecesaria”, enfatiza Juan Martínez.
La carta referida solicita al Presidente Andrés Manuel López Obrador eximir a los CPI de los recortes presupuestales instruidos en el memorándum del 3 de mayo, donde se instruye, de manera inmediata, recortes al PEF 2019, que van del 30 por ciento al 50 por ciento, en partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de Dependencias y Entidades, y en general a toda dependencia del gobierno federal que en su Decreto de Creación tenga establecido como sus actividades sustantivas el desarrollo científico, tecnológico y/o formación de recursos humanos.
Adicionalmente solicitan “crear programas y definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades. Una normativa adecuada que impulse el desarrollo científico y consolide el desarrollo tecnológico para beneficiar a cada uno de los mexicanos”.
“Debemos ser tratados con normas diferentes, el gobierno federal y los legisladores deben conocer mejor nuestra función. De lo contrario, los centros de investigación permaneceremos como un buque anclado en la costa por la burocracia y falta de recursos”, agrega el investigador del Inecol.
