Al menos en 17 estados del país han sido localizadas fosas clandestinas durante el presente sexenio, informó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Se trata del 53 por ciento de las entidades. En total, se han identificado 81 puntos rojos a nivel nacional, donde se han localizado 222 fosas con 337 cuerpos y otros restos.
El 72 por ciento de los sitios se concentra en Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, mientras el mayor número de fosas —70 por ciento— se ubicó en Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Tan sólo en territorio veracruzano se registraron 76 fosas.
Casi el 80 por ciento de los cuerpos ha sido encontrado en Colima (93), Sinaloa (80), Sonora (55) y Nayarit (35).
Otros estados con incidencia son Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Puebla.
De acuerdo con Segob, las bandas criminales usan hasta maquinaria pesada para excavar fosas, algunas de las cuales están a más de cuatro metros de profundidad; en otros casos, las prefabrican o reciclan.
La mayoría de los cuerpos se encuentran en condiciones de ser identificados. No así los restos, por su estado de fragmentación. Se cuentan por kilos de huesos, mandíbulas, cráneos y osamentas.
Por primera vez un gobierno presentó un registro en la materia, el cual se actualizará cada dos semanas y se presentará al gabinete de seguridad.
“Esto no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de fosas anteriores. Éste es un proceso que debe remitirnos a 20 años atrás para tener un registro plenamente desarrollado, entendiendo las limitaciones, porque en muchos casos no hay información acreditada”, refirió Encinas.
“Hemos encontrado en fosas comunes inhumaciones clandestinas, donde no se lleva el registro de las personas o los grupos delictivos hacen inhumaciones ilegales”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, la cual entró en vigor en enero de 2018, obliga a la autoridad a desarrollar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas con información de la Fiscalía General y fiscalías estatales. Según Encinas, esta norma derivará en un Programa Nacional de Búsqueda y de Exhumaciones e Identificación Forense, “que el presidente nos ha instruido a resolver de manera inmediata, como una de las prioridades centrales, y esperamos tener resultados este mismo año”.
El tema de desaparecidos es el número 1 entre los 71 proyectos prioritarios del gobierno federal. Sin embargo, 14 entidades aún carecen de comisiones de búsqueda.
Entre las acciones oficiales a corto plazo están la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “el cual no existe ni tiene información confiable y habrá que construir uno nuevo”, acotó el subsecretario; la conclusión del Diagnóstico Nacional Forense, levantado durante el mes de abril, “para conocer de manera fidedigna no sólo las capacidades de equipamiento e infraestructura, sino también de recursos humanos en los servicios forenses”; y la ampliación de la estrategia de búsqueda, con datos georreferenciados, los cuales “serán asociados al corredor delictivo en el país para desarrollar programas regionales de búsqueda y acompañamiento de familiares”, dijo Encinas.
