Durante los primeros días de marzo se han encontrado 21 nuevos informes secretos del presidente Andrés Manuel López Obrador en los expedientes resguardados por el Cisen en el Archivo General de la Nación (AGN), con alcance hasta 1985. Antes de firmarse el acuerdo presidencial para abrir toda la documentación, a finales de febrero pasado, estaban identificados sólo 10, pero hoy suman 31 y las fojas pasaron ya de 23 a 63.
En dos semanas, se calcula, estará lista una versión pública para su revisión…
Y habrá más, porque sólo la quinta parte de la información contenida en esas 7 mil cajas, vigiladas hasta hace unas semanas, está clasificada; y porque falta además conocer y transferir los archivos en custodia del propio Centro de Investigación —ya extinto— en su sede de la delegación Magdalena Contreras, la cual abarca de finales de los 80 a 2018.
“Aún no sabemos qué cantidad de cajas hay en las últimas instalaciones del Cisen ni qué datos traen”, dice a Crónica Carlos Ruiz Abreu, titular del AGN.
Tan sólo en el arranque de mes, se han presentado alrededor de 150 solicitudes de información pública, las cuales equivalen a seis meses del año anterior. Los solicitantes son investigadores, periodistas y ciudadanos en busca de referencias personales, porque participaron en movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos, magisteriales u obreros…
El rezago no se limita a los documentos de espionaje, es generalizado, y poner orden es el principal reto del historiador, quien ya ha gestionado 100 millones de pesos adicionales —aunque fraccionados a lo largo del año— al presupuesto autorizado para 2019, el cual es de 78 millones de pesos.
“La ventaja es que el Presidente sabe cómo está el Archivo, porque ha sido un continuo consultor de expedientes, ha mandado a personas a que le investiguen cosas para sus libros, al menos desde 1987. Y su esposa también ha investigado aquí, no son ignorantes de la historia y el acuerdo es que Hacienda nos irá dando ampliaciones como las necesitemos”.
La limitación económica para el trabajo operativo en el AGN va en contrasentido a la partida millonaria destinada a un nuevo edificio anexo, al cual ya se traspasaron los 54 kilómetros lineales de archivos manejados por la institución, entre éstos los del Cisen. La obra fue entregada a Ruiz Abreu apenas el 31 de diciembre.
En la pasada administración, se gastaron entre mil 100 y mil 200 millones de pesos en ese complejo.
“Estamos en proceso de auditoría, conociendo gastos, la investigación está en la cancha del Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública, tienen todos los papeles para indagar indicios de corrupción, no puedo decir que no habrá, pero está en proceso”.
El AGN dependió hasta el año pasado de la Segob. A partir del 1 de enero de 2019 se le decretó como órgano independiente…
—¿Qué información encontraremos en las cajas provenientes de las oficinas del Cisen en el sur? —se pregunta al director.
—La misma línea de la que estaba aquí: persecuciones políticas, investigaciones de acontecimientos sociales, personajes incómodos, aunque seguro se notará el avance de la tecnología: esperamos audios, videos, memorias, una manera diferente de espiar. Les hemos pedido que nos manden el material ordenado, no en bruto, y lo mismo al resto de las dependencias federales, las cuales también quedaron obligadas a partir del acuerdo.
—Ha hablado de que no sólo los archivos del Cisen estaban cerrados, de que el problema se extendía a todo el Archivo…
—Hay dos razones por las que prácticamente se cerró la consulta al público: los investigadores no querían venir ante los inconvenientes por el traslado de documentos al edificio nuevo, y por la voluntad de quienes han dirigido este espacio. El archivo del Cisen es uno de los 700 fondos documentales que tenemos aquí, tan sólo de la época colonial son 130.
—¿Cuál es el nivel de rezago, en general?
—La documentación está identificada y clasificada, pero sólo el 25 por ciento está descrita; si se buscan documentos de cualquier tema, no se encontrarán todos, porque se carece de un catálogo. Nos falta una base de datos por nombre, apodo, calle, palabra clave, es lo que queremos hacer con todo, incluido lo del Cisen. Es muy grande el volumen, y las autoridades no se preocuparon por la descripción, la idea es romper ese porcentaje.
—¿El atraso sólo es en descripción?
—No, tenemos laboratorios para digitalizar, restaurar papel y encuadernar volúmenes de primer mundo, pero no restauramos ni digitalizamos nada. Sólo el 6 por ciento del material está digitalizado. Nadie se ha preocupado desde hace más de 30 años por las tareas sustantivas del Archivo.
—¿A qué se dedicaban entonces?
—Fue la ley del mínimo esfuerzo, le dieron prioridad a publicaciones, organización de mesas redondas, exposiciones. En las administraciones de Calderón y Peña Nieto las directoras se concentraron en la Ley General de Archivos y en viajar, y les impidió estar dentro del Archivo. Yo no he salido ni a Xochimilco, no podría tener cara de salir a un estado a decir cómo deben tener su archivo local, si yo tengo hecho un desmadre el de aquí.
—También se ha referido a la falta de personal…
—Ahora hay 219 empleados. Urgen otras 15 o 20 personas para salir al paso, enfocadas a trasladar los expedientes a la sala de consulta, y atender a los solicitantes. Necesito técnicos, no directores ni subdirectores, sólo operativos que sepan de archivos.
—¿Podrán ser aprendices del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro?
—Nos ayudarían, pero la cuestión archivística es más delicada, al menos requerirían tener conocimientos previos en archivonomía, biblioteconomía e historia. Mi objetivo es romper todos los frenos, concretar una apertura real del Archivo, no simulada, pero hay que remar mucho…
Con información de: La Crónica de Hoy.
